De igual forma, el magistrado resolvió que las autoridades capitalinas deben dejar sin efectos la boleta de infracción, devolver el pago realizado. Y en caso de que la autoridad se encuentre facultada y decida emitir una nueva infracción, deberá otorgar a la parte quejosa el derecho de audiencia.

Silva García declaró inconstitucionales los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 del Reglamento de Tránsito de la ciudad, que prevén las fotomultas, por violar la garantía de audiencia prevista en el Artículo 14 de la Constitución Política mexicana.

Dicho artículo constitucional, otorga a las personas la oportunidad de defenderse previo a cualquier tipo de acto privativo de la vida, libertad, propiedad (patrimonio), posesiones o derechos.

Por tanto, de acuerdo con el artículo 14 constitucional, un video o una foto no debe generar en automático un acto de privación en perjuicio de alguna persona, por ejemplo, una sanción administrativa o penal.

En todo caso, de acuerdo con Fernando Silva García , una foto es solamente un indicio que podría servir para iniciar un procedimiento en forma de juicio con la participación del infractor a fin de determinar si se debe o no imponer la sanción.

Agregó que si bien la videovigilancia puede coadyuvar a la seguridad pública, ello no conduce a determinar que deba sustituir a la actividad de policía y menos ubicarse como atajo para soslayar el cumplimiento de los derechos de las personas.

con información de Notimex

jcrh

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Debido a que la información que se solicita no representa un riesgo para las investigaciones, al tratarse de datos cuantitativos, es decir número de fosas halladas y resultados de averiguaciones previas, son temas susceptibles de difundir máxime que están directamente relacionados con el desempeño de las funciones de la Procuraduría General de la República, específicamente con los resultados que se han producido en las investigaciones referidas

Tomando en cuenta lo anterior, la petición no corresponde a datos sensibles como podrían ser las pruebas que obran en las averiguaciones previas o a los sujetos investigados en ellas.

Como resultado de todo esto, la publicidad de los datos requeridos resulta de interés general, ya que ello implica un acto de rendición de cuentas por parte del sujeto obligado.

Con relación a las fosas clandestinas, se debe tomar en cuenta que en México entre 2006 y 2015, se encontraron este tipo de entierros en 16 estados del país, dando un total de 261. Por otro lado, se logró la identificación de 18 por ciento de un total de 662 víctimas que fueron enterradas de manera ilegal.

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