• Los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron en Guerrero entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
• Las investigaciones aún se enfocan en dar con su paradero; solo los cuerpos de 3 de ellos han sido hallados e identificados.
• Hay personas que son clave para entender cómo se han desarrollado las pesquisas durante estos 7 años.

Se cumplen 7 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Isidro Burgos», de Ayotzinapa y, en este caso, hay personas clave para la investigación del caso.

Desde aquella noche del 26 de septiembre de 2014, se desconoce el paradero de la mayoría de los jóvenes. Con el paso de los años, las autoridades identificaron los restos de 3 de ellos (Christian Rodríguez, Jhosivani Guerrero y Alexander Mora).

Las investigaciones se han realizado no solo en la zona del ataque, sino en el basurero de Cocula (donde se afirmó que los alumnos fueron asesinados) y en la barranca La Carnicería, cerca de esa zona en Guerrero.

Ante el aniversario de este hecho que puso «en el foco» a Ayotzinapa a y las autoridades, te mostramos a las personas clave en este caso.

1. Guerreros Unidos en Ayotzinapa

Guerreros Unidos es un cártel que opera en el centro del país; es uno de los grupos que nacieron tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009.

Son señalados por las autoridades como los supuestos responsables de desaparecer y asesinar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Presuntamente, las policías de Iguala y Cocula entregaron a los jóvenes a este grupo.

Ante ello, se detuvieron a varios integrantes del cártel como Benjamín Mondragón Pereda, «El Benjamón», quien se suicidió en 2014, y Mario Casarrubias, «El sapo guapo», que murió en julio de este año por Covid-19.

«En octubre de 2014, Jonathan Osorio y Patricio Reyes Landa, presuntos miembros de Guerreros Unidos, admitieron ante la policía federal que habían participado en la masacre de Ayotzinapa. Según las declaraciones de ambos, recibieron los estudiantes de manos de las fuerzas policiales de Iguala y Cocula, luego de lo cual los ejecutaron e incineraron todos los cuerpos. Un mensaje de texto que el entonces líder Sidronio Casarrubias Salgado recibió por parte de alguien conocido solamente por el alias de ‘El Gil’ confirma que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados y arrojados a un río», de acuerdo con InsightCrime.

Posteriormente, en 2018, fueron liberados porque las pesquisas no corroboraban esa versión, poniendo en «jaque» lo mencionado por las autoridades.

2. Vidulfo Rosales, Felipe de la Cruz y los padres de los 43

Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa son personas clave para este caso. Tras conocerse lo ocurrido, las familias de los estudiantes conformaron un grupo con el que se manifiestan y exigen a las autoridades la aparición con vida de sus seres queridos.

Entre los integrantes más destacados están Vidulfo Rosales, abogado de la agrupación y promotor de la defensa de derechos humanos, y Felipe de la Cruz, quien hasta enero de este año fue el vocero de las madres y padres de los desaparecidos.

Este último fue declarado «persona non grata» por las y los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa debido a que se postuló en las elecciones intermedias como diputado local por Morena, refirió El Sol de Acapulco.

3. Jesús Murillo Karam

Jesús Murillo Karam era el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Él se encargó, junto con Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la dependencia, de averiguar qué había ocurrido con los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

El 28 de enero de 2015, cuatro meses después de la desaparición de los estudiantes, dio una conferencia de prensa donde afirmó que las pesquisas arrojaron que Guerreros Unidos asesinó a los 43 alumnos. Sus restos habrían sido arrojados al río San Juan.

«Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy», comentó.

Esta declaración fue emitida tomando en cuenta los testimonios de Felipe Flores, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Velázquez; Gildarlo López, «El Gil», líder local de Guerreros Unidos, y su secretario, «El Fercho».

Al ser cuestionado sobre el cierre de la investigación, Murillo Karam dijo que debía concluirse «porque hay que castigar a los culpables; cerrar una investigación tal vez no es la palabra adecuada mientras no tenga yo detenidos a todos los culpables».

Durante años, la «verdad histórica» ha sido puesta en «tela de juicio», especialmente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

4. Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto forma parte del listado de personas clave debido a que él era presidente en 2016; estaba por cumplir 4 años como mandatario cuando desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa.

Una de sus primeras declaraciones sobre el tema fue en diciembre de ese año. Viajó a Guerrero y pidió a la población que siguiera adelante.

«El gobierno de la República, junto con el gobierno del estado, estamos en estrecha coordinación para que realmente superemos esta etapa de dolor. Demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno», afirmó.

Más tarde, en enero de 2015, Peña Nieto indicó que la entonces PGR llevaría el caso porque se debía hacer justicia.

Solo en dos ocasiones el entonces mandatario recibió a las familias de los estudiantes desaparecidos. La primera ocurrió en octubre de 2014, donde le reclamaron por la lenta actuación de su administración.

La segunda y última se dio en septiembre de 2015, cuando se comprometió a crear la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Rumbo a su último informe de gobierno, en 2018, reconoció que no se había hecho lo suficiente para aclarar el caso de Ayotzinapa y sostuvo que los resultados arrojados por la PGR eran ciertos.

«En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente, pasó justamente lo que la investigación arrojó», afirmó.

El caso Ayotzinapa y lo que aún le debemos a los mexicanos. pic.twitter.com/ayFmtbYL3c

— Enrique Peña Nieto (@EPN) August 29, 2018

5. Tomás Zerón

Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR. Fue uno de los encargados de las pesquisas sobre el caso de la desaparición de los estudiantes.

Sin embargo, tras terminar el sexenio de Peña Nieto, fue señalado por los delitos de tortura y desaparición forzada respecto a las indagatorias de Ayotzinapa, y malversación de 55 millones de dólares de fondos públicos en otro caso.

«Zerón encontró en su investigación que los policías de Iguala colaboraban con un grupo criminal que mató a los estudiantes, quemó sus cuerpos y tiró las cenizas a un río. Pero un panel de investigadores internacionales desacreditó su investigación y encontraron que testimonios cruciales se realizaron bajo tortura, que se hizo mal manejo de las pruebas y que se ignoraron pistas prometedoras», según The New York Times.

Además, el equipo del entonces funcionario desestimó la presencia de militares y policías federales en el lugar.

Actualmente está en Israel, donde solicitó asilo tras darse a conocer las acusaciones en su contra.

6. El GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense llegan a Ayotzinapa

Dos equipos fueron clave para el avance del caso sobre la desaparición de los normalistas de Guerrero: el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El primero surgió «del acuerdo formalizado entre la CIDH, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes (…), así como las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables y, de igual forma, otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes», según el Centro Prodh.

Las y los expertos eran Angela Buitrago, Claudia Paz, Carlos Martín Beristáin, Francisco Cox Vial, y Paz y Alejandro Valencia Villa. Trabajaron hasta 2016 en el caso, cuando el gobierno de Peña Nieto decidiera que no ampliaría su participación en el caso.

No obstante, en mayo de 2020 se reincorporaron a la investigación y su mandato se extiende hasta finales de diciembre de este año.

Los hallazgos de este grupo desestimaban la «verdad histórica», afirmando que los jóvenes no fueron asesinados en el basurero de Cocula. También denunciaron presión de la administración donde ocurrió este hecho.

Respecto al Equipo Argentino de Antropología Forense, este tiene una larga data en Latinoamérica. Las y los expertos participan desde el inicio de las pesquisas en el caso; ellos han analizado las pruebas y los resultados sobre el hallazgo de restos que pertenezcan a los jóvenes.

Se han encargado de cotejar los datos emitidos por la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se estudia cada pista que ayuda a dar con el paradero de los alumnos.

7. Francisco Salgado Valladares

Francisco Salgado Valladares era el director de la Policía Municipal de Iguala cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, convirtiéndose en una de las personas clave de este caso.

Según las declaraciones del entonces comandante de la Policía Municipal de Cocula, Ignacio Aceves, Salgado Valladares fue quien ordenó que los elementos entregaran a los jóvenes al grupo Guerreros Unidos.

Tras darse a conocer el caso, el mando policíaco huyó de la entidad. Se le detuvo en 2015 en Cuernavaca, Morelos.

«En el momento de la detención acudía a una reunión a bordo de un coche sin matrícula. Llevaba encima cartuchos para un fusil AK-4, según información oficial», expuso El País.

8. Ángel Aguirre

Ángel Aguirre se desempeñaba como gobernador de Guerrero cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa. En esa época, ordenó un operativo para castigar a la Policía Municipal de la región donde ocurrieron los hechos.

«Yo hice lo que lo que considero que debía haber hecho un gobernador. Prueba de ello es que las únicas detenciones que se dieron el día de los acontecimientos fue las que llevó a cabo Iñaki Blanco: procedimos a desarmar a la Policía Municipal, rescatamos a más de 60 jóvenes que se encontraban desaparecidos y que podían correr la misma suerte que los 43 (…). La mayor parte de quienes fueron consignados por el entonces procurador, ninguno ha salido porque nunca hubo tortura y porque los expedientes fueron debidamente elaborados”, declaró en Expansión.

Sin embargo, es cuestionado por las familias de los estudiantes. Aseguran que el exmandatario estatal conoce aún más sobre la participación de Guerreros Unidos en este hecho.

9. Iñaki Blanco

Iñaki Blanco es otra de las personas clave en el caso Ayotzinapa. Era el procurador de Justicia de Guerrero en 2014, año en el que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con declaraciones de «Juan», un exintegrante de Guerreros Unidos y supuesto testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), Blanco figuraba en la nómina de este grupo.

Ello fue desmentido por el exfuncionario, quien ha participado en los diálogos e investigaciones sobre la desaparición de los jóvenes normalistas.

10. Andrés Manuel López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador cierra este listado debido a que se comprometió a apoyar a las familias de los jóvenes desaparecidos y a «derribar» la «verdad histórica».

Casi al inicio de su sexenio, anunció que darían una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien proporcionara información sobre el paradero de los estudiantes. Además, durante este periodo se creó la Comisión de la Verdad.

«La investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia. Ese es el compromiso. Nada lo va a impedir, porque ya está la investigación, se está avanzando. Se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió. Todavía no podemos dar por concluida la investigación», declaró AMLO en julio de este año.

Desde su llegada al poder en 2018, ha sostenido diversas reuniones con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa.

Con información de Business Insider México

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Durante la presentación del Reporte sobre el Avance de las Investigaciones del Caso Iguala, en específico sobre las causas de muerte del normalista Julio César Mondragón cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y con la piel de la cara arrancada, Larrieta Carrasco precisó que esto último fue causado por la fauna depredadora del lugar.

«La ausencia de piel en rostro y cuello del cadáver de Julio César Mondragón fue por intrusión de fauna depredadora; no hubo acción humana», aclaró.

Esto, de acuerdo con el dictamen médico forense y criminalístico de la CNDH, el cual precisa que la muerte del normalista derivó de un traumatismo cráneo encefálico producido por objeto contundente con extremo angular.

“Con la segunda necropcia (al cuerpo) se corroboró que no existió proyectil de arma de fuego que causara la muerte”, dijo. Aclaró que la muerte de Mondragón Fontes se dio entre 00:45 y 02:45 horas del día 27 de septiembre de 2014.

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El cuestionario fue incluido en el informe final del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes, pues no se permitió a los expertos aplicarlo directamente a los militares, como era su intención. Lo anterior fue dado conocer este lunes, por Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Luego de la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y los padres de los jóvenes, Campa Cifrían señaló que siguen vigentes las cuatro medidas cautelares que fijó el organismo internacional en torno al caso y aclaró que en la reunión no estuvo sobre la mesa la renuncia de Tomás Zerón, director de la Agencia Criminal de la PGR.

Campa Cifrían señaló también que esta semana se definirá la calendarización para dar seguimiento a los trabajos con la CIDH y apuntó que son cuatro las medidas cautelares que siguen vigentes:

Determinar el paradero de los 43 normalistas, proteger la vida e integridad de los heridos, informar sobre las acciones para la investigación y las medidas adoptadas en torno a la búsqueda, investigación y atención a víctimas.

Explicó que la negociación comenzó desde el jueves de la semana pasada, entre la canciller, Claudia Ruiz Massieu con los padres de los normalistas y sus representantes.

En ese sentido puntualizó que “la Secretaría de la Defensa ha expresado su mayor disposición para responder a cualquier pregunta, a estas preguntas naturalmente, con la intención de despejar cualquier duda que pudiese haber sobre el actuar de los integrantes del batallón, del 27 Batallón, esos días allá en Iguala».

Lo que hicieron los expertos fue dejar un cuestionario que tiene destinatarios precisos y entonces la petición es que tal persona en particular responda algunas cuestiones que, a juicio de ellos, no se han atendido”.

con información de agencias

jcrh

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En una apresurada conferencia de prensa los fiscales mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la Policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río.

Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.

Ha trascendido que 10 de los sospechosos detenidos, primero fueron interrogados, después golpeados, para posteriormente torturarlos con  descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.

Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir.

Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los diez archivos conseguidos por la AP, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles de torturas en todos ellos.

“En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo”, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.

“En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino”, dijo el hombre a un juez en julio de acuerdo con los documentos obtenidos por la AP. “Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”.

La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basural de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.

Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.

Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.

“Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente, no hay caso”, dijo Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana de México.

La creencia generalizada de que las fuerzas de seguridad mexicanas recurren a torturas al investigar los delitos cometidos por los traficantes de drogas se reforzó con el video de un caso separado que circuló el mes pasado en las redes sociales. Mostraba a una mujer soldado y un oficial de la policía federal interrogando a una mujer joven a la que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. El ejército confirmó la autenticidad del video que, dijo, se filmó durante un enorme despliegue de soldados en febrero de 2015 para combatir a los carteles.

En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la policía federal o de las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cartel Guerreros Unidos.

La Procuraduría General de la República, como se conoce a la fiscalía en México, dice que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que se los entregó la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala.

Hay evidencias médicas que corroboran las denuncias de torturas.

Un informe de médicos de la fiscalía mexicana, preparado dos meses después de la detención de Reyes Landa, dijo que tenía moretones, rasguños y “lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o ‘chicharras’) en abdomen y muslos”.

Igual de escalofriante es el testimonio del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un detective de la procuraduría abusó de él horas después de su detención en febrero del 2015.

“El señor aquí presente fue un uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plásticos, que además me violó con una pieza metálica”, dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia el detective Gabriel Valle Campos, según los documentos.

“Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo”.

Eber Betanzos, subprocurador que supervisa el caso del gobierno, dijo que no puede comentar las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se le está haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido torturados.

con información de agencias

jcrh

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