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El doctor Howard Alper, de la Universidad de Ottawa, Canadá, dijo que los objetivos de estos actores son los de crear una agenda que fomente la ciencia, la innovación y la tecnología y se traduzca en un mejor contexto económico, así como en el bienestar social para todos los ciudadanos de un país.

Para lograrlo, la industria, la academia y el gobierno tienen que trabajar en conjunto para planificar el futuro del país en términos de investigación e innovación”.

En la conferencia “Shaping the Future of a Nation Through Innovation, Science and Technology”, el también miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), señaló que no es suficiente tener una estrategia, sino que esta pueda ser implementada.

Además, se requieren de recursos financieros y humanos para poder ejecutar las estrategias, porque un aspecto que se debe tener en cuenta es la necesidad de contar con inversiones de diferentes actores y que estas estrategias cumplan los objetivos establecidos. Entonces, la industria tiene un papel relevante en la investigación y el desarrollo, ya que este es un camino para crear tecnología de nueva generación a partir del conocimiento existente.

“Las empresas que invierten en ciencia lo hacen buscando la competitividad a nivel global, pero si las empresas no saben plantear las preguntas adecuadas es muy probable que se trate de un riesgo que no se debe tomar, por lo que los gerentes de las empresas con un puesto relevante deben estar preparados para el papel que tienen dentro de la empresa, porque deben organizar la investigación en la que van a invertir”.

Respecto a la alianza de la industria con las universidades, el expresidente de la Royal Society of Canada planteó la pregunta: ¿Entonces, cómo podemos establecer alianzas entre el mundo empresarial y las universidades?

En este punto, dijo, es cuando entra en acción el gobierno, el cual puede apoyar a la investigación de diversas maneras, y el químico canadiense destacó dos vías: una, es con el apoyo indirecto en donde se ofrecen estímulos fiscales, lo que resulta útil para las pequeñas empresas; y la otra está en el apoyo directo a las universidades o subsidios adjudicados por pares, por lo que dicho apoyo está basado en obtener calidad y no en cantidad.

Ahora bien, el doctor Alper mencionó algunas de las razones por las que las empresas y las universidades deben trabajar en colaboración. Para el sector privado colaborar con las universidades aumenta su capacidad de investigación, lo que agrega valor a sus productos y, además, puede tener acceso a infraestructura que no está disponible en las empresas. Otra de las razones está relacionada con el talento, ya que algunas empresas reclutan de las universidades a sus futuros empleados.

Sin embargo, existen barreras en la colaboración entre la universidad y el sector privado, el principal es la propiedad intelectual; cada universidad tiene su política al respecto, pero generalmente son procesos tardados, también puede existir controversia respecto a qué contribuciones llevar al ámbito comercial. “El mensaje es que la industria y las universidades deben entenderse entre sí e identificar los mecanismos para tener un propósito en común, por ejemplo, revisar sus planteamientos hacia la propiedad intelectual y la manera en como la van a operar”.

Sin educación no se puede construir una sociedad exitosa, es fundamental contar con un sistema educativo de alto nivel desde el kínder hasta el nivel superior, pero también los es tener agua de buena calidad o acceso a la energía eléctrica, y esto es tan necesario como la educación, dijo el doctor Alper durante la conferencia que brindó en la AMC , en el marco de la Reunión General Ciencia y Humanismo II.

Señaló que se debe poner atención en la forma en la que aprenden los niños, ya que con la metodología de enseñanza basada en la experimentación los estudiantes se muestran más entusiastas que con los sistemas tradicionales sustentados en la memorización. Otro de los beneficios es que los niños desarrollan mayor capacidad de expresarse.

En los últimos 15 a 20 años han creado en diversos lugares del mundo programas de estudio multi e interdisciplinario a nivel de licenciatura y posgrado, un cambio que sin duda debe ser impulsado, aunque por otro lado, todavía existen países que no ofrecen educación gratuita a los niños, lo que con el tiempo se traducirá en una desventaja para las personas que no contaron con educación.

Ahora bien, “no solo los docentes tiene un papel decisivo en la formación de los estudiantes, los padres también deben asumir el liderazgo y desarrollar relaciones más fuertes con los maestros”, señaló el científico durante su conferencia.

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El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN-CDMX) llamó a las mencionadas dependencias, federal y local, respectivamente, a actuar sin favoritismos y acelerar la investigación contra Víctor Hugo Romo por conductas indebidas cuando fue jefe delegacional en Miguel Hidalgo.

Mauricio Tabe Echartea, líder del blanquiazul en la capital, aseguró que el PANCDMX reconoce la valentía de la Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, al denunciar el desfalco en las obras del mercado Escandón y de ‘El Mexicanito’, donde se realizaron los pagos y no fueron culminadas.

Aseguró que no es ninguna sorpresa que después de las denuncias presentadas se iniciara una guerra sucia contra Xóchitl Gálvez, sin embargo, precisó no se trata de un ataque político, pues ellos cometieron una agresión a la ciudad y a los capitalinos.

Tabe Echartea instó no sólo a aplicar la sanción correspondiente a los responsables, sino también a que se devuelva el dinero a las arcas públicas para que los capitalinos no terminen pagando los platos rotos de gobernantes corruptos.

“Es responsabilidad del PAN cuidar que quienes denuncian no sean sometidos a la difamación y la calumnia, que al contrario, hagamos fuerza y hagamos un frente con quienes están denunciando, con quienes tienen el valor de denunciar”, enfatizó.

Gálvez advirtió que esta lucha contra la corrupción apenas inicia y en el caso de ‘El Mexicanito’, luego de presentar la denuncia penal, la PGR ya le solicitó documentación complementaria, además de que buscará que la constructora devuelva los 12 millones de pesos que fueron pagados en exceso por este parque.

Igualmente en el caso del mercado Escandón, hay un documento de trabajo en el que se solicita a la constructora la devolución de 40 millones de pesos que fueron pagados por la edificación de este espacio, ya que se entregó el dinero antes de que fueran ejecutados los trabajos.

“Lo pueden solicitar a la Contraloría el documento donde se pide la devolución de los 40 millones de pesos, aquí está la notificación a la constructora, como la constructora no contestó, estamos iniciando la denuncia penal por la devolución de los 40 millones”, informó.

Detalló otros casos en los que la anterior administración violó el uso de suelo al construir más de las viviendas permitidas como en: Alejandro Dumas, en Polanco; en Gutenberg, en Laguna de San Cristóbal y en San Miguel Chapultepec.

Dijo que es necesario modificar la Ley de Notarios para detener el desastre inmobiliario que tiene molestos a los capitalinos. Además de adelantar que se investigan posibles irregularidades en cuatro obras más.

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Las Comisiones de Administración Púbica y Protección del Medio Ambiente de la ALDF , tendrán que analizar el exhorto para evitar abusos para con los automovilistas.

El diputado advirtió que es un deber proteger los derechos de los automovilistas a causa de esas irregularidades, “por eso aplaudimos la decisión de extender el plazo para verificar, el exhorto de la CDHDF y la disposición del contralor de supervisar en tiempo real la operación de esos centros”.

En tribuna durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente , el legislador llamó a evitar que, por medidas improvisadas, mal planeadas y ejecutadas, haya desconcierto y rechazo a las acciones de gobierno, pues sólo así le damos respiro viable a nuestro medio ambiente”.

Antes que los diputados del PAN y PRD rechazaran esa propuesta como urgente, Jimeno Huanosta, lamentó que nadie estaba preparado para enfrentar esos cambios o de plano no hubo una previsión para evitar el caos que generó la entrada en vigor de la NOM-EM -167-SEMARNAT-20016.

Por eso, aun cuando el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, habla de “juego político” o “dimes y diretes”, lo único de lo que estamos seguros es que hubo omisiones y falta de previsión, precisó el también integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la ALDF.

Lo único que hicieron las instituciones federales y locales fue “echarse culpas” y es alarmante, incluso, que Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) ponga en duda los resultados de los hologramas, pues sería decir que en 26 años de verificación, se ha causado un daño de gran magnitud a los automovilistas.

No nos limitemos a limpiar culpas, exhortó el legislador, pues el afectado es el ciudadano, “ese que debe cumplir con la verificación, sean fallas de unos o de otros”.

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La Primera Comisión de la Permanente aprobó exhortar al gobierno de la CDMX y al Consejo de la Judicatura de la capital investigar y determinar las responsabilidades administrativas o penales de los servidores públicos que permitieron la fuga de dos reos del Reclusorio Oriente, el pasado 30 de mayo.

Asimismo, se hizo un llamado para que las instancias de seguridad y procuración de justicia nacional se coordinen, a fin de lograr la pronta recaptura de Roberto Sánchez Ramírez.

El acuerdo refiere que el pasado 30 de mayo, Agustín Miranda Orozco y Roberto Sánchez Ramírez se fugaron del módulo de alta Seguridad “Diamante”, de la zona de juzgados del Reclusorio Oriente, después de desahogar diligencias.

Agustín Miranda Orozco, de 46 años, con una sentencia de 64 años, fue recapturado días después, mientras que Roberto Sánchez Ramírez, de 50 años, purgaba una condena de 114 años por los delitos de asociación delictuosa, robo calificado, plagio o secuestro y portación de arma de fuego.

Mediante un punto de acuerdo, los integrantes de dicha instancia legislativa, aprobaron solicitar al gobierno de la capital investigue y fortalezca las acciones que permitan desmantelar la presunta red de corrupción que prevalece en el Sistema Penitenciario de la Ciudad.

Lo anterior, debido a que diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado que en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, la principal fuente de dinero entre custodios y reos es el denominado pase de lista, actividad que deja ganancias diarias de 120 mil pesos en reclusorios con mayor población. Solicitan información sobre presencia de crimen organizado en la CDMX

En otro acuerdo avalado por la Comisión, se solicita al jefe de gobierno de la CDMX un informe sobre los resultados de la implementación del operativo denominado “Blindaje Tepito” en torno al combate y presencia del crimen organizado.

Lo anterior, refiere el documento, debido a que en diversos medios de comunicación se han dado a conocer que en el Metro se transporta droga mediante los llamados “burreros”, quienes a cambio de 500 o hasta mil 500 pesos, llevan la droga de Tepito a las vecindades de las calles Jesús Carranza y Tenochtitlán.

Asimismo, solicitan que en dicho informe se incorpore de forma detallada los datos del índice delictivo en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, relacionados con el crimen organizado.

Cabe mencionar que en 2015 se registraron diversos hechos violentos como el hallazgo de personas embolsadas en Azcapotzalco; y el caso de la colonia Narvarte, donde fueron encontradas cinco personas asesinadas.

En ese mismo año se dio a conocer que propietarios de bares y restaurantes de las colonias Roma y Condesa denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de personas que se ostentan como miembros del crimen organizado, cobrándoles de tres mil a diez mil pesos por derecho de piso; situación que ha negado el jefe de gobierno de la CDMX.

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De acuerdo con la información disponible, al menos diez personas fueron privadas de su vida y un número aún por determinar resultaron heridas, incluyendo policías. Asimismo, la ONU-DH repudia el asesinato del periodista Elpidio Ramos Zárate, en el crucero de Juchitán a Ixtepec, cuando estaría cubriendo otros hechos de violencia.

“Lamento la pérdida de vidas y la afectación a la integridad de las personas lesionadas. En estos difíciles momentos, expreso mis condolencias a los familiares que perdieron un ser querido”, señaló Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Mi Oficina hace un llamado para que se evite la violencia y las partes involucradas privilegien el diálogo sobre la confrontación con el fin de prevenir la repetición de situaciones como las ocurridas”, agregó el Señor Jarab.

La ONU-DH llama a las autoridades a investigar de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial los hechos suscitados, a deslindar las responsabilidades y atender y reparar adecuadamente a las víctimas. Asimismo, exhorta a las autoridades a garantizar el pleno acceso a la asistencia médica requerida por todas las personas heridas.

La ONU-DH recuerda que cuando en una acción de protesta se presentan situaciones de violencia que ameritan recurrir, como último recurso, al uso de la fuerza, las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física. Asimismo, toda privación de la libertad debe respetar el derecho al debido proceso.

En este contexto, la ONU-DH reitera la recomendación formulada por varios mecanismos internacionales de derechos humanos sobre la pertinencia de aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza que sea aplicable a todas las fuerzas de seguridad y garantizar una efectiva rendición de cuentas en su aplicación.

Esta Oficina dará puntual seguimiento a lo ocurrido en Oaxaca y sostendrá reuniones con las autoridades, tanto federales como estatales, las víctimas y otros actores relevantes, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con quien se ha estado en contacto sobre lo sucedido.

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El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular –con 105 votos a favor y 4 en contra– la minuta que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, reforma el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Reglamenta atribuciones de la ASF, para conocer, investigar y substanciar faltas administrativas que detecte mediante la fiscalización, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Entre las nuevas atribuciones de la ASF está la de fiscalizar, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales que reciben las entidades federativas.

Además, la ASF podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores; para ello, las entidades fiscalizadas deberán proporcionar la información que se solicite para la revisión y en caso de incumplimiento a lo solicitado, serán sancionadas.

Asimismo, la ASF entregará a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría del periodo respectivo; y entregará el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Conforme a lo dispuesto por la información contenida en el Informe General, el Informe específico y los Informes Individuales, será publicada en la página de internet de la ASF, en formatos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se revele información que se considere temporalmente reservada o que forme parte de una investigación.

Derivado de sus investigaciones, la ASF promoverá las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, servidores públicos estatales, de municipios y a los particulares.

Por otra parte, los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o participaciones federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la ASF para efectos de sus auditorías e investigaciones.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero Morales sostuvo que el Congreso atiende la queja histórica de que una autoridad distinta al gobierno, sea la que investigue y sancione los actos de corrupción, al interior de las mismas instituciones de Estado, por lo que se fortalecen las facultades la ASF, en tanto que la Fiscalía Especial será la responsable de sancionar los actos irregulares.

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La Comisión Permanente solicitó al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra , un informe donde se explique la razón por la que se dieron, en adjudicación directa, dichos contratos

Al presentar el punto de acuerdo, aprobado por la asamblea de urgente resolución, la senadora Mariana Gómez del Campo dijo que, el pasado 26 de mayo, se dio a conocer que el ex director general de la Conagua , David Korenfeld Federman, benefició con recursos públicos a una a organización “sin fines de lucro” denominada Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, donde actualmente aparece como su presidente consultivo.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN detalló que durante su encargo Korenfeld Federman adjudicó directamente tres contratos a dicha Asociación por más de 32 millones de pesos, y después de dejar el puesto la Conagua le otorgó nuevamente otros cuatro contratos, por un monto de 61.5 millones de pesos.

Lo anterior aún y cuando Korenfeld -al dejar la Conagua- fue nombrado presidente consultivo de dicha organización civil, precisó Gómez del Campo.

Advirtió que estos hechos tienen implicaciones legales graves, tanto para Korenfeld, como para el actual director, Roberto Ramírez de la Parra , ya que otorgar contratos beneficiando a uno de ellos es una acción poco ética y que es sancionada tanto por la vía administrativa como penal.

Hizo notar que existió una violación jurídica administrativa al no sujetar los contratos a una licitación pública, y subrayó que la corrupción es un problema de impunidad, por lo que es urgente que el presente caso sea investigado y en consecuencia castigado.

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Es fundamental para todas las víctimas directas e indirectas del incendio, el esclarecimiento de los hechos y la procuración de justicia. Hasta el momento, el Estado mexicano ha incumplido con las obligaciones relativas a la protección y garantía de los derechos de las niñas y los niños, en particular, el derecho al acceso a la justicia y la reparación del daño, según lo señaló el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano en 2015, en una Recomendación en la que refirió explícitamente la falta de garantías al acceso efectivo a la justicia para las familias de algunas víctimas, como son las niñas y los niños víctimas del incendio de la guardería ABC.

Ante esto, la CDHDF destaca la necesidad de considerar las Recomendaciones emitidas por el propio Comité, entre las cuales se encuentran el tomar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones de niñas y niños y sus padres y madres, incluyendo un análisis de las causas de raíz de estos actos violentos, como son la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la desigualdad de género, la pobreza y la desigualdad.

También recomendó asegurar la existencia de mecanismos confidenciales y amigables de denuncia dirigidos a las niñas y niños, con el propósito de investigar los hechos sobre muertes violentas, asesinatos y desapariciones; asegurar que estos hechos sean perseguidos de manera expedita y exhaustiva, y que los autores de estos hechos sean llevados ante la justicia, incluyendo los casos en los que los autores sean funcionarios públicos.

De la misma manera la CDHDF reconoce los avances en materia de protección a la infancia, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional de Protección Integral, así como los esfuerzos realizados a nivel local con la aprobación y publicación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

Con estos instrumentos se busca cumplir con las obligaciones generales de respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de este grupo de población, de conformidad con el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, los retos continúan siendo grandes, por lo que es necesario que las autoridades competentes implementen todas las acciones necesarias, a fin de dar cabal cumplimento a dichas obligaciones de acuerdo a los compromisos internacionales adquiridos.

Por lo anterior, este Organismo exhorta a todas las autoridades a garantizar los derechos de las víctimas de la Guardería ABC dando continuidad a las investigaciones realizadas para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deben estar apegadas a los principios de debida diligencia, no revictimización, transparencia y acceso a la información y principios de investigación; y reparando de forma integral a las víctimas. La Comisión invita a la sociedad en general a no olvidar los hechos y a sumarse a la exigencia de justicia y verdad, a fin de generar mecanismos que garanticen la no repetición de este tipo de hechos lamentables.
www.cdhdf.org.mx

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El Diputado Federal Virgilio Caballero presentó una iniciativa de reformas al Artículo 108 Constitucional y de manera conjunta con el PT en el Senado, presentó una iniciativa de reformas y adiciones al Artículo 108 Constitucional, para que sean investigadas las responsabilidades en que pudieran haber incurrido el Presidente Enrique Peña Nieto y los expresidentes de la República en materia de corrupción, y para que además sea creada una Comisión de la Verdad en torno a este tema.

Al presentar dicha iniciativa a nombre de los Senadores del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz y Héctor Adrián Menchaca Medrano, así como de la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García, el legislador capitalino, Virgilio Caballero Pedraza, subrayó que el titular del Ejecutivo Federal estaría sujeto a los delitos y faltas de corrupción, como cualquier otro servidor público. En tanto, que esa Comisión investigaría los actos y omisiones de corrupción del Presidente en funciones, expresidentes de México y empresarios nacionales y extranjeros vinculados con tales casos de corrupción.

“Pretendemos que esta Comisión de la Verdad esté facultada para investigar los actos de corrupción del Presidente en los procesos de privatización, desincorporación y liberalización de empresas públicas, los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones otorgados durante su administración, así como en el análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los presidentes y sus familias”, puntualizó.

Ante el pleno de la Comisión Permanente , el Vicecoordinador de la bancada de Morena señaló que para dar respuesta a la exigencia de millones de mexicanos, para que se termine de una vez por todas con la corrupción en nuestro país, es urgente barrer este fenómeno de arriba hacía abajo.

“Un adecuado y correcto sistema anticorrupción fundamentalmente debe referirse y someter a control jurídico a aquellos servidores públicos e integrantes de los poderes fácticos más relevantes en una nación, y debe diseñar un aparato anticorrupción que no dependa y se subordine a los poderes”, recalcó.

Caballero Pedraza sostuvo que un verdadero Sistema Anticorrupción debe vigilar de cerca no sólo a los servidores públicos, sino también al Titular del Ejecutivo Federal, ya que la cúspide del poder no está exenta de actos de corrupción, los cuales se replican al resto de las instituciones.

“Si no se enfrentan los actos y omisiones de corrupción del Presidente de la República , de los expresidentes de la República que pudieron incurrir en actos de corrupción, y la de los propietarios y accionistas de los principales poderes fácticos trasnacionales y nacionales que operan en México, y que están vinculados con el poder presidencial, los esfuerzos para combatir la corrupción serán estériles e inútiles”.

En ese sentido, reiteró que el Sistema Nacional Anticorrupción está capturado por el poder presidencial y de los partidos mayoritarios en la elección de los titulares de los órganos anticorrupción, y que por eso se requieren autoridades independientes en el Poder Judicial, el Ministerio Público y en general en dicho sistema.

“Por ello proponemos en esta iniciativa de reformas y adiciones al Artículo 108 Constitucional, entre otras cosas, crear una Comisión de la Verdad , la cual tiene antecedentes en exitosos ejemplos latinoamericanos como Argentina o Guatemala”, insistió el también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Asimismo, dijo que existen casos concretos de corrupción que deben ser investigados, entre éstos en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante sus sexenios, apuntó, se dieron múltiples privatizaciones y desincorporaciones de empresas públicas; la aprobación del Fobaproa; esquemas de financiamiento paralelo en campañas presidenciales, como “Amigos de Fox”, y la extinción inconstitucional de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

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