• Trump asegura que está dispuesto a ser interrogado y responder por escrito

Tras una maratón de escandalosas audiencias en juicio político a Donald Trump, la investigación con miras a una destitución del presidente de Estados Unidos,  entra en una nueva fase.

El próximo paso: una votación en la Cámara de Representantes para decidir cuáles son los artículos del juicio político o ‘impeachment‘. Esto, aunque la destitución del presidente, que debería ser luego decidida por el Senado, es poco probable.

A continuación, una mirada a las próximas etapas de este proceso:

Artículos del ‘impeachment‘

El Comité de Inteligencia elaborará un informe que entregará al Comité Judicial, cuyos miembros analizarán las pruebas y probablemente citen a otros testigos.

A diferencia de la fase inicial de la pesquisa, Trump y sus abogados pueden formar parte del proceso. ¿Cómo?, con declaraciones, asistiendo a las audiencias, revisando las pruebas e interrogando a testigos.

Trump dijo la semana pasada que estaría dispuesto a ser interrogado y responder por escrito.

El panel, finalmente, votará para decidir cuáles son los artículos para plantear el ‘impeachment‘, el equivalente político a una acusación.

La definición de la Constitución sobre excesos pasibles de ‘impeachment‘ es amplia.»Traición, soborno u otros altos crímenes graves o delitos menores», que no están definidos y suelen incluir abuso de poder y de la confianza pública.

Los demócratas están sopesando cuatro cargos, según se ha informado: abuso de poder por presionar a Ucrania para obtener rédito político interno. Además de chantaje por la retención de ayuda y supeditar un encuentro a cambio de esa ayuda. Finalmente, desacato por rechazar las citaciones del Congreso; y obstrucción de la justicia.

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Votación en la Cámara de Representantes

Los artículos presentados por el Comité Judicial serán enviados al plenario de la Cámara para una votación.

El debate parlamentario sobre estos cargos podría llevar su tiempo: en el proceso de destitución del presidente demócrata Bill Clinton, los congresistas discutieron el caso más de 13 horas durante dos jornadas.

La aprobación de los artículos requiere de una mayoría simple, en una Cámara donde los demócratas tienen el control con 233 escaños, contra 197 asientos en manos de los republicanos.

Juicio en el Senado

Una votación a favor del ‘impeachment’ trasladaría el caso al Senado, donde el presidente debe enfrentar un juicio. De concretarse, sería la tercera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente en funciones es enjuiciado. Los únicos antecedentes son el de Andrew Johnson, en 1868, y el de Bill Clinton, en 1998.

El presidente de la Corte Suprema es el encargado de presidir el juicio, en el que los 100 senadores actúan como un gran jurado, representantes de la Cámara baja como fiscales y el presidente cuenta con sus abogados defensores.

Para condenar al presidente se requieren dos tercios de los votos, en un Senado que controlan los republicanos con 53 de los 100 escaños.

Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, controlaría el proceso, que se estima sería breve, limitando los testimonios y el debate, con una duración de menos de dos semanas.

También podría optar por la estrategia de estirarlo. En el caso de Clinton, esta etapa insumió seis semanas y se convocaron a nuevos testigos y se aceptaron nuevas pruebas.

Más allá de los cargos que se presenten, los analistas opinan que la política es lo que determina la votación final.

La cercanía de las elecciones en 2020 hará que los senadores, especialmente los republicanos, calculen cuál será la reacción de sus votantes en las urnas si ellos deciden proteger al presidente o destituirlo.

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• El 44% de los estadounidenses aprueban el desempeño del presidente

El 27% de los votantes demócratas de Estados Unidos considera que hay suficientes pruebas para abrir un juicio político contra el presidente Donald Trump.

Esto por presuntamente obstruir las investigaciones de la justicia sobre la trama rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.

Según un nuevo sondeo de la cadena de televisión NBC News y The Wall Street Journal, el 27% de los demócratas cree que el Congreso debería iniciar las audiencias del juicio político sobre la conducta de Trump.

Lo anterior mientras el mandatario esté en el cargo.

Además, fue con 10% más que en la encuesta de mayo pasado.

En cambio, únicamente 6% de los republicanos aboga por abrir un juicio político contra Trump frente al 86% que defiende que termine su mandato.

Además, 24% de los demócratas piensa que el Congreso debería seguir investigando si existen pruebas suficientes para llevar a cabo audiencias de juicio político en el futuro.

Esto representa 8% menos que el mes anterior, de acuerdo con el sondeo.

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El ejercicio fue resultado de mil entrevistas realizadas entre el 8 y 11 de junio.

Mientras, 48% cree que el Congreso no debe celebrar audiencias de juicio político y que Trump debe terminar su mandato como presidente.

En ese rubro no hubo cambios respecto al sondeo de hace un mes, el cual tiene un margen de error de 3.1%.

Entre los independientes, el 22% apoya las audiencias de juicio político. Mientras el 34% quiere seguir investigando y el 44% se opone.

La encuesta de ambos medios tiene lugar semanas después de que el exasesor especial Robert Mueller declaró «si hubiéramos tenido la seguridad de que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho, no lo hicimos”.

El mandatario estadounidense insiste en que no cometió obstrucción de la justicia en la investigación de Mueller en Rusia.

Asimismo, la encuesta muestra que el 44% de estadounidenses, la mayoría republicanos, aprueba el desempeño laboral del presidente, en comparación con el 46% del mes pasado, mientras el 53% desaprueba su trabajo, aunque el cambio está dentro del margen de error del sondeo.

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Por mayoría de votos y una abstención, los magistrados resolvieron designar a los magistrados Carmen Verónica Cuevas López, Elda Flores y Manuel Díaz Carbajal, como integrantes de la Comisión Instructora que se encargará de desahogar el proceso del juicio político.

En conferencia de prensa, la magistrada Cuevas López, en su calidad de presidenta de la Comisión Instructora, dijo que el desahogo del juicio político en contra de Cuauhtémoc Blanco se desarrollará conforme a los tiempos y plazos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.

Advirtió que en este procedimiento se respetarán los principios de presunción de inocencia y el debido proceso para el desahogo del juicio político.

“Les garantizó que el Tribunal Superior de Justicia será garante de la legalidad y que Cuauhtémoc Blanco tendrá el trato como cualquier otro ciudadano”, señaló.

Explicó que al interior de la Comisión Instructora se resolverá el inicio del desahogo del procedimiento con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.

La magistrada presidenta afirmó que en esta etapa del juicio político no se pondrá en juego la credibilidad del Tribunal Superior de Justicia.

“En ningún momento, desde que he estado en la presidencia he recibido indicación alguna para darle un sentido distinto a la impartición de justicia”, expuso.

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Por medio de su cuenta de Facebook declaró que tomó esa medida, debido al juicio político al que lo quieren someter y para defender la elección que los habitantes del municipio tomaron al favorecerlo en las votaciones.

Esta manifestación, tendrá lugar a las afueras de la catedral de Cuernavaca, “hasta que alguna institución asuma la protección del estado de derecho y garantice la restitución del equilibrio democrático en el estado”.

Aseguró que “voy a protestar y voy a evidenciar todos los fraudes que están haciendo. Confío en que las instituciones mexicanas van a defender nuestra democracia y van a frenar este abuso”.

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El tema de la declaración de responsabilidad política de Maduro ya había sido acordado incluirlo en el orden del día en la sesión del martes», confirmó el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup.

El procedimiento fue suspendido en octubre, cuando la oposición suspendió sus movilizaciones de protesta y las medidas de la Asamblea contra Maduro, para abrir un diálogo con el gobierno con facilitación del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La oposición decidió reanudar el proceso al estimar que hay un estancamiento en el diálogo, del que responsabilizó al gobierno por incumplir los acuerdos anteriores, por lo cual los detractores del presidente decidieron ausentarse de la mesa la semana pasada.

El diputado opositor Miguel Matheus aclaró que el procedimiento contra Maduro es diferente al que se realizó en Brasil para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, pero sostuvo que tendría como consecuencia la solicitud de un antejuicio de mérito al presidente.

Por otro lado, la oposición igualmente solicitó en la mesa de diálogo la liberación de sus dirigentes presos, el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional y la reanudación del proceso para realizar un referéndum revocatorio contra Maduro, suspendido por orden judicial.

Hay que destacar, que Nicolás Maduro desconoce a la Asamblea, al afirmar que está en desacato ante las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por su rechazo a las sentencias judiciales emitidas que limitan sus atribuciones.

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Esto, luego de que los legisladores del país, votaran de manera abrumadora, por esta instancia.

La moción fue aprobada en una votación secreta en el Parlamento por 234 votos a favor y 56 en contra, lo que significa que decenas de miembros del Partido Saenuri de Park apoyaron el juicio político.

Siete votos fueron descalificados, dos legisladores se abstuvieron y uno no participó, dijo el presidente del Parlamento.

El Tribunal Constitucional ahora debe decidir si confirma la medida, un proceso que podría tardar hasta 180 días. El primer ministro Hwang Kyo-Ahn asumió inmediatamente las funciones de Park de forma provisional.

La mandataria conservadora, de 64 años, está acusada de coludirse con una amiga y un exasistente, quienes ya han sido acusados ​​por los fiscales, para presionar a las grandes empresas para que ofrecieran donaciones a dos fundaciones creadas para respaldar las iniciativas políticas de Park.

Park, que está cumpliendo un mandato de cinco años que debía concluir en febrero del 2018, negó haber cometido irregularidades pero se disculpó por la imprudencia en sus relaciones con su amiga Choi Soon-sil.

Manifestaciones masivas se han realizado todos los sábados durante los últimos seis semanas en la capital, Seúl, para presionarla para que deje el cargo. Las encuestas de opinión muestran un apoyo público abrumador para su juicio político.

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Los legisladores pretender informar a Cuauhtémoc Blanco que habrá un juicio para destituirlo y que deberá presentarse al Congreso con pruebas la próxima semana.

Blanco, exfutbolista profesional, ha sido señalado de recibir 7 millones de pesos de parte del Partido Social Demócrata de Morelos por aceptar la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca.

Cuauhtémoc Blanco nos cobró siete millones de pesos por participar como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca en el año 2015″, dijo a medios Roberto Carlos, exsecretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral indaga si Blanco presentó documentos falsos para probar su residencia en Cuernavaca.

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CARACAS,-  La crisis económica y social que vive el país y el debate sobre la responsabilidad política del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició en la Asamblea Nacional, que controla la mayoría opositora, pese a que amaneció sin luz eléctrica.

El líder legislativo Henry Ramos Allup indicó este día que la Asamblea arrancó el debate sin problemas ya que pusieron a funcionar una planta de energía de emergencia.

Ramos informó que la sesión y el debate se refiere a la declaración legislativa de la ruptura del hilo constitucional y el juicio político planteado contra Maduro por la responsabilidad en la crisis económica y social del país.

El debate legislativo fue aprobado luego de que la autoridad electoral venezolana anunció la suspensión del referéndum contra Maduro, que debió iniciar la víspera, alegando irregularidades en la recolección de firmas. En la sesión, que se realiza un día después de la manifestación nacional llamada “Toma de Venezuela”, los diputados recibirán los testimonios de grupos sociales, gremios y academias.

Dicha manifestación transcurrió en paz en Caracas, pero en varias regiones las movilizaciones fueron violentadas, lo que dejó un saldo de más de 120 heridos y 147 detenidos.

La noche del miércoles la Fiscalía informó que investigaba la muerte de un policía en la región vecina de Miranda.

Dijo que el agente murió de un disparo al intentar restablecer el orden en una manifestación en un barrio popular en la carretera Panamericana. Señaló que en el incidente resultaron heridos otros dos policías.

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La oposición inició el domingo la discusión, luego de que el árbitro electoral postergara la semana pasada un referéndum sobre la revocación del mandatario socialista.

Sin embargo, las conclusiones de la sesión podrían ser anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que determinó en agosto que todas las decisiones del congreso serán nulas hasta que no desincorpore a tres diputados acusados de comprar votos.

«Hoy (martes) nosotros comenzamos algo histórico en el país (…) queremos otorgar la responsabilidad política de Nicolás Maduro en la destrucción y la ruptura de la democracia», dijo el jefe de la facción opositora, Julio Borges.

«Eso nunca ha pasado, eso puede tener implicaciones de un juicio penal, de pedir el antejuicio de Maduro», agregó. «Se abre (…) el estudio del supuesto constitucional para la remoción del presidente de la República, que es el abandono del cargo».

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso hasta nuevo aviso un referéndum revocatorio contra Maduro, prácticamente eliminando la posibilidad de que se celebre antes del 10 de enero del 2017.

Si la consulta se realiza luego de esa fecha, no es necesario celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el mandato de Maduro, asegurando la permanencia del chavismo en el poder hasta el 2019.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consideró la suspensión de la consulta como una violación a la Constitución y dijo que batallará en tres frentes para restituir el hilo democrático: en la Asamblea, en las calles con masivas manifestaciones y en el ámbito internacional.

Pero el Ejecutivo niega la legitimidad del parlamento: «La Asamblea, legalmente, no existe. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Yo no voy a perder tiempo con lo que haga la Asamblea», dijo el martes el vicepresidente del país, Aristóbulo Istúriz.

Venezuela atraviesa una de las peores crisis de su historia contemporánea con la inflación más alta del mundo, recesión económica, constantes fallas en los servicios públicos y escasez que obliga a miles de personas a formarse en enormes colas en busca de alimentos y medicinas.

con información de agencias

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