“Existen elementos suficientes para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea el alto tribunal –dentro de la legalidad y el respeto a la Constitución– quien determine lo que en derecho proceda sobre la reciente decisión de la Asamblea Legislativa”, indicó.

En un comunicado, el senador por esta capital precisó que han detectado que esa ley capitalina afecta los derechos constitucionales de los contribuyentes y pequeños propietarios, independientemente de la invasión a las competencias constitucionales propias del Congreso de la Unión.

Informó que conforme a los análisis puntuales que hicieron en el Senado se desprende que esa nueva ley vulnera el derecho constitucional a la propiedad privada, generando inseguridad jurídica.

Además, afecta las garantías tributarias de los contribuyentes de la ciudad, mediante la imposición de mecanismos confiscatorios que carecen de toda proporcionalidad tributaria; lo que se traduce en la realidad a una doble tributación sobre la propiedad inmobiliaria.

Escudero Morales explicó que lo anterior contravine el sistema de coordinación fiscal e invade las competencias del Congreso de la Unión.

Recalcó que es importante que los habitantes de la Ciudad de México sepan que “no vamos a permitir dicha arbitrariedad. Por ello, después de hacer un estudio minucioso, les decimos que tenemos elementos y estamos listos para presentar una controversia constitucional, por lo que estaremos atentos a su publicación”.

Recordó que la semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó la nueva
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Por ello se ideó una nueva Ley de Vivienda que aprobada por la Asamblea Legislativa -que presuponía- expropiación o confiscación de la propiedad y el patrimonio de los ciudadanos se viera afectado. Ante las dudas, la capital del turismo, palidece por una serie de mejoras que desde sexenios anteriores ha padecido la falta de mejoramiento urbano.

Entonces la única forma de llegarse fondos colmó de inquietudes a la ciudadanía porque se sentían ofendidos ante la proximidad de nuevos impuestos. La legisladora Margarita Martínez Fisher de Acción Nacional  establece que el ordenamiento no atentará contra la ciudadanía.

Explicó que, en ese caso, a lo que se refiere el texto aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es al valor generado cuando existan nuevos desarrollos inmobiliarios.

Puso como ejemplo que si hay un programa de vivienda nueva donde hubiera una densificación o se generan más niveles, es decir exista un potencial constructivo mayor, se tiene que pagar por ese valor, pero ese costo tendrá que ser erogado por los desarrolladores inmobiliarios, jamás por los vecinos.

A nombre de la bancada de su partido, precisó que ese pago debe ser cargado a los desarrolladores, no a los ciudadanos, y sólo aplicaría cuando se pida la Licencia de Construcción o exista un cambio en el Uso de Suelo, como se establece en la Ley Federal de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial.

Dejó claro que la diputación local de Acción Nacional defenderá en todo momento el derecho a la propiedad privada y al patrimonio de las familias.

Pero al mismo tiempo, añadió, “vamos a defender que los inmobiliarios paguen contribuciones para mejorar a la ciudad como se hace en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Quintana Roo y San Luis Potosí, entre otros.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF mencionó que su grupo legislativo además apoyará la petición del presidente de la Comisión de Gobierno para que la ley no se publique hasta que se eliminen conceptos que causan confusión y dar total certeza a los ciudadanos.

“Por ello vamos a solicitar al jefe de gobierno que no se promulgue hasta que las redacciones estén claras y no exista confusión, con el propósito de que los ciudadanos estén totalmente tranquilos”, remarcó la legisladora.
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Después de varias horas de debates entre diputados y descontento de habitantes de la Ciudad de México (CDMX), de manera temporal no se aprobó la Ley de Vivienda y la Norma 26.

El Diputado dijo que no podíamos votar sobre las rodillas unos dictámenes que desconocíamos, pues el lunes, cuando nos presentamos ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Vivienda, nos encontramos con que los dictámenes no incorporaban propuestas de Morena.

Además, sería irresponsable que con sólo darles un vistazo votáramos unos documentos que nos acababan de entregar, porque la ciudadanía votó por nosotros para que fuéramos escrupulosamente cuidadosos con todos aquellos temas que la podrían afectar.

Buscamos, con esta prórroga, construir con los otros grupos parlamentarios una ley de consenso capaz de satisfacer las necesidades de los vecinos y de la ciudad.

Con este aplazamiento podremos estudiar a profundidad los dos dictámenes para así realizar los cambios que juzguemos pertinentes, desde luego, a través del diálogo y de la negociación con los demás legisladores, subraya Cravioto.

Con el retiro de ambos dictámenes gana la ciudadanía, gana la Asamblea y gana Morena.

Porque así demostramos a los ciudadanos que no transigimos en temas torales que afectan su nivel de vida, mucho más en lo tocante a la vivienda, uno de los graves problemas de la urbe y punto toral del bienestar de los habitantes de la Ciudad de México, subraya el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

Esperamos, a partir de ahora poder construir una relación más fructífera con los demás grupos parlamentarios, pero siempre sin transigir ni un ápice en la defensa de los habitantes de esta gran ciudad, concluyó Cravioto Romero.

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