Un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego (EU) ha descubierto una manera “fácil y eficiente” de usar células madre para regenerar tejido óseo: dándoles adenosina, una molécula que se da naturalmente en el cuerpo. El tejido óseo derivado de las células madre reparó los defectos óseos craneales en ratones sin causar tumores o infecciones.

Este método podría llevar a un mecanismo simple y barato de fabricar “poblaciones puras de células constructoras de huesos”.

“Uno de los objetivos de nuestra investigación es hacer los tratamientos regenerativos más accesibles y relevantes clínicamente mediante el desarrollo de métodos fáciles y eficientes para trabajar con células humanas y tejidos”, explica Shyni Varghese, profesora de bioingeniería de la UC San Diego y autora principal del estudio.

Las células madre “pluripotentes”, como las usadas para esta investigación, tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula en el cuerpo, como músculo, corazón, piel o hueso, en un proceso que se llama diferenciación.

Gracias a esta capacidad, estas células “pluripotentes” tienen, según los responsables de este estudio, usos terapéuticos “prometedores” para reparar o regenerar varios tejidos y órganos.

Pero hacer que estas células madre “se diferencien” en un tipo particular de célula que pueda funcionar dentro del cuerpo no es simple.

“Dirigir una diferenciación de células madre es como seguir una receta compleja, involucra una larga lista de ingredientes y pasos que hacen el proceso costoso e ineficaz”, advierten los investigadores.

efe/r3

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Como presidente del Grupo de Amistad México-China dijo que buscará mediante su trabajo legislativo se pueda fortalecer y cristalizar la relación para beneficio de ambos países.

El legislador aseveró que China significa para México “mucho más que una relación comercial”, pues en los últimos años ambas naciones han profundizado su intercambio cultural y fiscal. Además, dijo, se pueden retomar sus experiencias en temas como el económico y el migratorio para aprender de su población.

Comentó que hay una invitación de la embajada China para analizar esos temas de manera conjunta “y otros de más complejidad”, en su sede diplomática. Luego de firmar el acta constitutiva del Grupo de Amistad, se puso de manifiesto el trabajo de ambas naciones con miras a la Cumbre Mundial del Grupo de los 20, que se efectuará en Hangzhou, en el sur de China.

Bernardino Antelo informó que el Grupo colaborará en esos trabajos a fin de que sea un encuentro fructífero que fortalezca los vínculos entre México y China con los demás integrantes de ese mecanismo.

Señaló que México busca integrar una agenda bilateral con ese país y aprovechar sus experiencias y llamó a “aprender de un país que ha superado la situación de pobreza extrema y que en un par de décadas se ha convertido en una potencia mundial con crecimiento económico sostenido superior a dos dígitos”.

El priista enfatizó que pese a la compleja situación internacional “ellos siguen manteniendo una proyección positiva y en este año, probablemente, su avance sea cercano a siete por ciento, que habla de una solidez en su economía y en los programas de desarrollo social que han implementado”.

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A fin de parar la oleada de asesinatos y agresiones en agravio de periodistas a manos de la delincuencia organizada, incluso la enquistada en los máximos niveles de gobierno, el Diputado Federal Omar Ortega Álvarez demandó a la Secretaría de Gobernación efectividad de su Mecanismo de Protección a Periodistas, pues todo parece indicar que sus resultados son nulos.

Ante el peligro de que estos crímenes se incrementen debido a la incapacidad de las instituciones para detener a los responsables y debido a la descomposición social y política que el gobierno es incapaz de afrontar, el parlamentario anunció que propondrá al Congreso de la Unión un punto de acuerdo para respaldar su demanda y exigir que haya resultados.

Es inaplazable –dijo- que el Poder Legislativo aborde esta problemática ante la evidente incapacidad de los órganos del Ejecutivo para salvaguardar a unos de los actores principales e indispensables que hacen posible el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión -los periodistas-, sean éstos en su calidad de colaboradores, trabajadores o incluso propietarios de medios de comunicación.

Los periodistas en nuestro país –dijo- están claramente amenazados en su integridad física, familiar y patrimonial de unos años a la fecha, en particular cuando ponen a disposición de la ciudadanía información, análisis y opiniones desfavorables al ejercicio gubernamental y a la delincuencia organizada.

El caso trágico más reciente es el del periodista Pedro Tamayo Rosas, quien el pasado 20 de julio se convirtió en el décimo noveno informador asesinado en la administración veracruzana de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de extracción priista cuya gestión ya es severamente cuestionada incluso por sus correligionarios debido al elevado costo político que les sigue endosando.

Ortega Álvarez consideró inaceptable e imperdonable que el informador haya sido asesinado, frente a su esposa e hijos, cuando supuestamente estaba al amparo de los mecanismos estatal y federal de protección a periodistas, es decir, cuando las autoridades habían aceptado que estaba en grave peligro y era necesario protegerlo.

Claramente –advirtió Ortega- hubo negligencia, por decir lo menos, si no es que complicidad de algunas de esas autoridades, por lo que el Poder Legislativo no puede permanecer indiferente, sobre todo ante el hecho de que otros periodistas están amenazados y en peligro de ser también agredidos.

Enlistó los casos de Mariel Ibarra, Silver Meza, Lidia Cacho, Sergio Aguayo, Roxana Romero, Pedro Canché Herrera, Carmen Aristegui y Héctor de Mauleón, entre los más conocidos, pero junto a quienes hay muchos más informadores amenazados, demandados, hostigados o victimizados en cualquiera de sus formas.

Mariel Ibarra y Silver Meza, de “Expansión”; Lidya Cacho, de “Newsweek en Español”, y Pedro Canché, de diversos medios, lo son por el gobierno de Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo.

Sergio Aguayo, de Canal 11 y otros medios, y Roxana Romero y el periódico para el que trabaja, “Vanguardia”, lo son por Humberto Moreira Valdés, el ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI acusado de corrupción y delincuencia organizada.

Aristegui, de Aristegui Noticias y CNN en Español, es hostigada por presidencia de la República en represalia por revelar el caso de la “casa blanca”, y Héctor de Mauleón, lo es por invasores y ladrones de predios presuntamente coludidos con autoridades delegacionales de la Ciudad de México.

“Quienes ejercemos cargos públicos –dijo Ortega Álvarez- estamos sujetos al escrutinio público porque lo hacemos con recursos públicos. No debería, por tanto, incomodar a ningún servidor público el que su quehacer, patrimonio y resultados sean objeto de información, análisis y opinión por parte de los periodistas y gobernados a través de los medios de comunicación”.

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Las becas se entregarán a los alumnos regulares inscritos en el sistema escolarizado en el nivel superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objeto de fortalecer su formación profesional, de acuerdo a los fines de la modalidad para la que apliquen.

En un convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia señala que el programa considera la implementación de tres becas dentro de los programas de Movilidad Internacional; de Capacitación para el Perfeccionamiento del idioma inglés y de Capacitación en Métodos de Investigación.

Para la modalidad de becas de movilidad internacional, se otorgarán 425 apoyos con un monto de hasta 110 mil pesos, cada una; para la de capacitación en el idioma inglés, hasta 200 becas, con una ayuda económica de hasta 97 mil pesos; y para las de capacitación en investigación se entregarán 50 con un importe de hasta 75 mil pesos.

En el convenio se especifican la duración de movilidad y de la capacitación en cada uno de los casos, así como los países con los que se establecieron los convenios.

La SEP se coordinará con la UNAM y la Fundación UNAM, por conducto de su Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, para establecer un mecanismo de seguimiento y de evaluación del programa, a efecto de verificar su cumplimiento y objetivos hasta su total conclusión.

La vigencia del convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y concluirá el día 31 de mayo de 2017, en el entendido de que sólo se refiere a la aplicación de recursos públicos federales extraordinarios del ejercicio fiscal 2016.

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Coincidieron en señalar lo anterior diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, y propusieron que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la que se coordine con la CIDH, ya que fue el propio Gobierno Federal el que se acercó a dicho organismo para investigar la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.

“La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que tenga, en todo momento, una actitud de colaboración con la CIDH, a efecto de generar las condiciones de certeza jurídica que permitan garantizar el acceso a la verdad y a la justicia en este caso”.

Ambos legisladores capitalinos señalaron que a casi dos años de estos lamentables hechos, es necesario dar credibilidad a las investigaciones realizadas por la CIDH, bajo la responsabilidad de los expertos independientes. “Es de vital importancia que asuma las conclusiones y recomendaciones realizada a la investigación por el GIEI, aun cuando no sean favorables para la actual administración”.

Asimismo, explicaron que como parte del mecanismo establecido entre la SRE y la CIDH, ésta última debe contar con mayores competencias, lo que permitirá brindar certidumbre a los padres de los estudiantes y a la sociedad.

“Es de vital importancia para el desarrollo y credibilidad de las investigaciones que el objetivo del nuevo esquema no se reduzca a un mero monitoreo por parte de la CIDH, sino que se le concedan amplias facultades, como realizar visitas periódicas, tener libertad para revisar el expediente, realizar propuestas de búsqueda de los jóvenes y líneas de investigación”.

Araceli Damián y Juan Romero enfatizaron que si el mecanismo de seguimiento especial se establece conforme a los términos de colaboración establecidos por los familiares de las víctimas y de la CIDH, se fortalecerá el estado de Derecho en nuestro país.

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