Desde su surgimiento en 1982, el instituto se marcó como objetivo desarrollar al máximo la tecnología, sin embargo, para que el número de patentes otorgadas continúe creciendo, es necesario que la máxima casa de estudios tenga como uno de sus propósitos, el desarrollo de tecnología competitiva, de preferencia en conjunto con el sector productivo.

El secretario técnico de Gestión y Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Vinculación del IBt, Mario Trejo Loyo sostuvo que lo anterior, haría que un mayor número de investigadores canalicen sus esfuerzos en el desarrollo tecnológico.

“Lo que repercutiría en el número de solicitudes de patentes registradas y otorgadas, y sobre todo en el número de patentes que se transfieren al sector productivo”, destacó, en entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

El especialista añadió que la normatividad interna podría limitar estas actividades; por ejemplo, si un investigador desarrolla una invención importante y no consigue una empresa que quiera invertir, podría asociarse con otras personas y crear una empresa para llevar al mercado la nueva tecnología.

“Yo creo que hay una oportunidad de mejorar las políticas internas. A pesar de que los cambios en la Ley de Ciencia y Tecnología dicen que las instituciones deben adecuar su normatividad, realmente aún es necesario adecuarla en este momento en la Universidad para poder apoyar y promover este tipo de actividades”, señaló.

En 2016, el IBt obtuvo seis nuevas patentes, cuatro de ellas en México, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una por la Oficina de Patentes en Canadá y otra más en Brasil.
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El Senador Daniel Ávila Ruiz, comentó que hoy se vive una indignante realidad conformada por la sistemática violación del derecho constitucional a la vivienda digna, así como de las leyes y disposiciones normativas que tienen como finalidad su protección y progresividad.

Los responsables son en gran medida los malos servidores públicos que deberían intervenir en garantizar el derecho a la vivienda. Algunos de ellos a quienes han estado medrando a costa de los más pobres de este país.

Asimismo, Ávila Ruiz señaló que la normatividad vigente que utiliza tanto Sedatu como Fonhapo, adolecen de claridad y funcionalidad para instrumentar la ejecución del Programa y lograr el máximo beneficio de sus destinatarios, y por el contrario, han dado lugar a una serie de abusos y arbitrariedades.

Un claro ejemplo es el Programa de Vivienda Rural o apoyo a la vivienda que se opera a partir de dos instrumentos básicos: el «Cuestionario Único de Información Socioeconómica», conocido por sus siglas como «CUIS» y el denominado “Expediente Técnico».

Se trata de instrumentos que se utilizan para conformar los expedientes para que una persona sea candidata a recibir el apoyo de una Unidad Básica de Vivienda (UBV) o de la ampliación o mejoramiento de su vivienda.

Estos expedientes son manipulados por los funcionarios quienes en su afán de obtener beneficios propios incurren en actos indebidos, dejando sin oportunidad a una buena parte de familias para recibir el apoyo al que tiene derecho.

El Senador por el estado de Yucatán, afirmó que gracias a las investigaciones se tiene conocimiento que personas que nos son servidores públicos cuentan con clave de acceso al sistema, con la que pueden ingresar datos al mismo, violando con ello la integridad y veracidad del programa: “situación que debe ser aclarada”.

En este sentido, Ávila Ruiz propuso un punto de acuerdo ante el pleno de la Jucopo para que se exhorte a la Sedatu y Fonahpo, para que revisen las Reglas de Operación vigentes y subsecuentes del Programa de Vivienda Rural, así como para evaluar la pertinencia de realizar modificaciones necesarias a fin de respetar y garantizar el acceso al derecho de todos los mexicanos a la vivienda.

A través del punto de acuerdo se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares remitir al Senado de la República un informe detallado sobre la operación de los Programas de Vivienda Rural, y Apoyo a la Vivienda.
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Los más de 30 mil topes que se colocaron de manera anárquica en vialidades secundarias del territorio de la Ciudad de México (GCDMX), tienen que ser retirados, porque son una de las causas por las que los vehículos emiten mayor cantidad de gases contaminantes a la atmósfera.

Lo anterior es resultado de la aprobación, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) del dictamen que presentaron las comisiones unidas de Movilidad y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático para adicionar y reformar diversos artículos de las leyes de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, y la de Movilidad, a fin de regular la instalación y remoción de los topes vehiculares y reductores de velocidad en las vías secundarias.

El diputado promovente de la iniciativa con proyecto de decreto, Víctor Hugo Romo Guerra,del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso en representación de las comisiones unidas la necesidad de actualizar la normatividad ambiental y de movilidad de la Ciudad de México mediante la elaboración de programas manuales que consideren aspectos de salud y seguridad pública.

Lo anterior, porque investigaciones del Centro de Estudios Atmosféricos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revelan que la reducción de velocidad a cero kilómetros de un vehículo genera 300 por ciento más emisiones contaminantes por vehículo.

Y si se evalúa que en la ciudad y su área conurbada se realizan más de 22 millones de viajes diarios, 90 por ciento de los cuales se hacen en vehículos que utilizan gasolina y diesel, lo que provoca congestionamientos y, en consecuencia, altas emisiones de contaminantes de efecto invernadero, se concluye que hay un preocupante problema.

La efectividad de los reductores de velocidad es cuestionable y por ello hay que migrar al uso de nuevas tecnologías para tener alternativas a los topes y ofrecer pasos seguros para el peatón con semáforos inteligentes, puentes amables para personas con discapacidad y ciclistas, así como la instalación de glorietas y camellones.

Por el Partido Morena, la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, estableció que la iniciativa es adecuada pero insuficiente, ya que, dijo, el Reglamento de Tránsito que obliga a circular a baja velocidad en vialidades de gran circulación es responsable del incremento en la emisión de gases contaminantes, motivo por el que el gobierno de la Ciudad de México lo tiene que derogar.

Además, el actual Plan de Contingencia Ambiental es inoperante porque aunque hay menos vehículos automotores circulando a causa de la contingencia, los niveles de contaminación no han bajado y se mantienen altos.

En contraparte, Javier López Adame, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mencionó que mediar entre la seguridad del peatón y la emisión de gases contaminantes no es tarea fácil, por lo que no es correcto señalar al Reglamento de Tránsito como causal.

La votación que emitieron los diputados en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Legislativa resultó a favor de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman las leyes de Migración y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y de Movilidad del Distrito Federal.

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