También la oposición hace su papelazo, al señalar ahora que sí se equivocaron con la aprobación de la reforma Energética, que no previeron los efectos adversos en la económica nacional y que ahora tienen que encontrar el modo para darle “reversa”.

Por lo menos podríamos llamarlos, malos cómicos, aunque no dejan de ser unos verdaderos perversos payasos.

Que el Gobierno de Peña Nieto no se equivoque. El gasolinazo no es lo que está provocando un estallido social serio, sino la serie de atracos a la nación que no han dejado de cesar desde que lo mismo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el Partido Acción Nacional (PAN) y los aliados de ambos, han saqueado hasta hartarse al país.

Resulta que gobernantes y funcionarios sí pueden manifestarse al amparo de por lo menos sus escoltas del Estado Mayor para hacer declaraciones o tomar decisiones no sólo dolorosas, sino despojantes en contra del pueblo e incluso de sus aliados los empresarios, pero a los mexicanos nos amagan incluso por el uso libre de las redes sociales.

Desde inicio de esta semana el gobiernito de Peña Nieto ha tratado de minimizar las acciones y bloqueos como manifestación en contra del gasolinazo y exigiendo incluso la renuncia como en otras tantas veces, del mismo presidente de México, y en su lugar; Peña lo que hace es reiterar que el aumento a las gasolinas va y para más, nos vuelve a presentar como parte de su gabinete legal, al tan vilipendiado y odiado Luis Videgaray por muchos mexicanos, simple y llanamente por su liga de amistad y negocios con el equipo del tan aborrecido por muchos más mexicanos: Donald Trump.

El mensaje de Peña Nieto del mediodía del miércoles 4 de enero del año en curso, es como una doble cucharada de: me importa poco lo que los mexicanos piensen. Soy el presidente de México.

Sin embargo, los miles y miles de comercios cerrados en todo el país, el día en que los Reyes Magos salen por sus regalos, es la clara muestra –sin sondeos de por medio–, de que la Administración de Peña Nieto no tiene control de nada.

Acta Divina… Los saqueos no son por el aumento a la gasolina: Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación.

Para advertir… Cinco días de protesta.

actapublica@gmail.com
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Ahora, los sindicatos deben acreditar mayoría cuando busquen emplazar a huelga para buscar la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Este movimiento lo avalan las bancadas del PRI y el PAN, votaron en contra senadores del PRD y el senador priísta y líder de la CROC, Isaías González, aún cuando sea un avance los juicios laborales ahora sean tratados por el Poder Judicial, calificaron de retroceso los cambios de «última hora» al derecho de huelga en la Constitución.

La discusión de los legisladores se centró en los cambios hechos al dictamen en torno al derecho de huelga, en el cual se propone modificar la fracción XVIII del Apartado A del párrafo segundo del Artículo 123 constitucional.

Los integrantes de las Comisiones Unidas introdujeron en esa fracción una “norma de certidumbre” -tanto para los trabajadores como para los patrones- entorno a la licitud de un movimiento de huelga cuando su objeto sea obtener la celebración de un CCT: previo al emplazamiento de huelga el sindicato deberá acreditar la representación mayoritaria de los trabajadores.

Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que su grupo parlamentario votaría en contra porque el nuevo candado para emplazar a huelga fue sorpresivo y se incluyó de último momento en el dictamen, “el hecho de que tenga que haber una verificación antes del emplazamiento anula el derecho de huelga”.

Señaló que los cambios al derecho de huelga no estaban en la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto, “en este caso nos quedamos con el texto constitucional como está en su fracción XVIII. Pintamos nuestra raya en la anulación del derecho de huelga”.

Por su parte, el senador panista José María Martínez, rechazó que los cambios hayan sido sorpresivos y que se trasgreda algún derecho o vaya en contra del espíritu de la reforma constitucional que planteó el presidente Peña Nieto.

“Se trata de un requisito procedimental, el que se acredite el Contrato Colectivo nos lleva a acreditar que el que lo acredita tiene la mayoría de los trabajadores, es de verdad sabida que así es como se califica la licitud de una huelga. Estamos hablando de los emplazamientos no de huelga estallada”, expuso.

En tanto, Isaías González dijo que la CROC está a favor de la iniciativa del presidente Peña Nieto de eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de un nuevo organismo descentralizado que se encargará de registrar los contratos y dar las tomas de nota, pero está en contra de los cambios al derecho de huelga.

“Se está coartando la libertad de los trabajadores (…) No hay libertad y está pegando al convenio 98 de la OIT. Lo mejor sería quitar esta adición porque no estaba en el dictamen. Se anula el derecho de huelga y el derecho a la libertad y si se queda va a haber grandes problemas y se va acabar la estabilidad laboral”, afirmó.

“Desde hace casi 25 años se ha estado buscando un cambio estructural de esta naturaleza; significa transferir la función jurisdiccional, que hasta hoy han tenido las juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel federal como a nivel estatal, al Poder Judicial de la Federación”, explicó el senador Javier Lozano Alarcón.

El legislador calificó a esta reforma como trascendental, ya que otro de los cambios que contiene es de garantizar a nivel constitucional “el voto universal, libre, directo y secreto de los trabajadores, para efectos de elegir a su directiva”.

-Texto vigente sobre huelga en la fracción XVII del 123 constitucional:

Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.

-Propuesta de reforma constitucional sobre huelga en la fracción XVIII del 123 constitucional:

Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital, u obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, en cuyo caso el sindicato deberá acreditar, previo al emplazamiento, la representación mayoritaria de los trabajadores. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.

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