* La procuraduría capitalina reitera su compromiso de brindar justicia pronta y expedita a los habitantes de la Ciudad de México

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México puso en marcha nuevas medidas para mejorar la atención y servicios a los denunciantes.

Se mejorará la Atención de Delitos Financieros.

Desde los últimos días de febrero, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros estableció el sistema para el registro de personas que acuden a consulta de los expedientes ahí radicados, que se enlaza con un sistema diseñado para registro, control y orden de las citas programadas.

En un comunicado, informó que las nuevas disposiciones se tomaron con base en un diagnóstico, como parte de la política de modernización de las buenas prácticas de gobierno en materia de procuración y acceso a la justicia que impulsa la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

Con las modificaciones se busca elevar la calidad en la integración de las investigaciones en asuntos de carácter financieros y patrimoniales, dándole énfasis a la atención que brindan los servidores públicos a los denunciantes, víctima u ofendidos, así como a los imputados, con un mejor servicio en la procuración de la justicia.

Subrayó que en todo momento, las medidas implementadas están apegadas a derecho y se respetan las normas constitucionales y procedimentales en cuanto a derechos humanos y derechos de las víctimas e imputados.

Añadió que con estas acciones, la procuraduría capitalina reitera su compromiso de brindar justicia pronta y expedita a los habitantes de la Ciudad de México.

Imagen: Especial

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Mientras se sigue desarrollando el teledrama de la extradición desde Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, realizado por Javidu Productions; se concretan los acuerdos ya públicos para procesar al ex mandatario Tamaulipeco, Tomás Yarringtpon en Estados Unidos; mantienen en calidad de prófugo a César Duarte, ex mandamás en Chihuahua; se exonera al ex líder del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira; se protege a Rodrigo Medina ex mandatario de Nuevo León; y la PGR ignora los cargos en EU contra Eugenio Hernández, sucesor de TY, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se perfila a convertirse en un chasco más de la presente administración federal. Y para tener presente: Procurador o Fiscal puede no ser lo mismo, aunque la incapacidad y la ineficiencia los igualen.

En el Senado de la República se trabaja en mandar el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a un periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo en el mes de julio después de las elecciones estatales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. En tanto, el acuerdo de creación de la Fiscalía Anticorrupción (FA), publicado el miércoles pasado por el procurador Raúl Cervantes en el Diario Oficial de la Federación, incluye todas las condiciones en las cuales la FA estará sujeta a la Procuraduría General de la República (PGR).

La Fiscalía Anticorrupción debería, en teoría, ser un órgano con autonomía técnica y operativa. Pero, de acuerdo con ese texto, la futura Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción (FEMDHC) seguirá amarrada a la PGR en muchos aspectos operativos, como se encuentran actualmente las Unidades Especializadas en Investigación de las subprocuradurías. La FEMDHC no contará con un área de científicos forenses para sus investigaciones y deberá auxiliarse de la Coordinación General de Servicios Periciales, la cual depende de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

El futuro Fiscal Anticorrupción también deberá proponerle al titular de la PGR el nombramiento de los agentes del Ministerio Público de la Federación de designación especial de la Fiscalía Especializada, los cuales estarán a cargo de investigar los hechos de corrupción. También deberá proponer el Fiscal al Procurador los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas a su cargo, con las salvedades previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La FEMDHC no podrá investigar por corrupción a los funcionarios de la PGR, una atribución que continuará en manos de la Visitaduría General de la propia Procuraduría. Pero los funcionarios de la nueva Fiscalía Anticorrupción si podrán ser investigados por la Visitaduría General de la PGR, al igual que por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control, el cual depende de la Secretaría de la Función Pública.

Son los senadores quienes deben nombrar al primer Fiscal Anticorrupción, el cual permanecerá en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2018, un plazo hasta ahora no modificado. Tampoco se ha alterado la facultad del Procurador para removerlo. El acuerdo publicado el miércoles en el DOF por el procurador Raúl Cervantes entrará en vigor a partir del nombramiento de la Cámara alta del titular de la Fiscalía Especializada, el cual se encuentra empantanado en negociaciones entre las diversas fuerzas políticas representadas.

La designación se resolvería luego de que concluyan los trabajos ordinarios el próximo 30 de abril, de acuerdo con una propuesta del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero. “Lo importante es sentarse a construir la modificación a la ley de la propia Fiscalía General, de lo que vamos a hacer con el Fiscal Anticorrupción y cuando vamos a activar ya los mecanismos para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción… Me parece que éstas tres cosas si ameritarían tener un periodo extraordinario: la parte normativa, la parte del Fiscal Anticorrupción y la parte del Fiscal General”, indicó.

Ante la falta de acuerdos para sacar adelante el nombramiento del Fiscal y aprobar la reforma constitucional que elimine el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General, senadores del PRI y del PAN negocian que el extraordinario se lleve a cabo en julio. El periodo podría realizarse en la segunda semana de julio, antes de que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el 19 de ese mes, según el senador Miguel Barbosa, vicecoordinador de la bancada PT-Morena.

Por otro lado, las comisiones senatoriales tienen listo el dictamen para eliminar el “pase automático” del titular de la PGR a la Fiscalía General de la República. La redacción vigente del décimo sexto transitorio del artículo 102 de la Constitución, establece que el titular de la PGR quedaría designado, en automático, en Fiscal General de la República, por un periodo de nueve años. La modificación a ese transitorio prácticamente replica la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, la cual abre la posibilidad de que el procurador, Raúl Cervantes, también compita por el cargo.

La iniciativa presidencial llegó al Senado desde el 29 de noviembre del año pasado. Sin embargo, fue hasta el final de este periodo ordinario cuando los legisladores decidieron procesar el tema en las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos.

SNA, FISCAL SIN AUTONOMÍA

Organizaciones de la sociedad civil descalificaron el acuerdo de creación de la Fiscalía Anticorrupción, emitido por la PGR, y alertaron sobre el riesgo de que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nazca con un Fiscal sin autonomía ni independencia, completamente subordinado a la Procuraduría General de la República (PGR).

El dirigente de Cauce Ciudadano, Carlos Cruz, advirtió: “es un error, y el Sistema Nacional nacerá castrado si no hay un Fiscal autónomo. Con este decreto, la PGR relanzó el pacto de impunidad, porque quieren un Fiscal subordinado a la PGR”. El colectivo #FiscalíaQueSirva, a través de Alfredo Licona, consideró el futuro funcionario no contará con suficientes facultades para actuar con independencia. “Si nace así, el Fiscal Anticorrupción será una figura decorativa de la oficina del Procurador porque su autonomía está comprometida, tanto financiera como operativamente”, consideró.

Aunque el decreto se apega a la legalidad, no muestra señales de la PGR por empujar la autonomía del Fiscal, observó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. También alertó: “Existe el riesgo de que el Fiscal Anticorrupción quede completamente subordinado a la PGR”. Investigadores y académicos como Layda Negreto exigieron al Senado aprobar una reforma la cual garantice primero la independencia de la Fiscalía General, antes de pensar en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

FRAUDES A LA CARTA

Graco Ramírez Garrido Abreu, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), alertó sobre la existencia de despachos contables los cuales buscan a los mandatarios estatales para ofrecerles instrumentos financieros con “gran eficiencia fiscal”, pero están enfocados a desvíos de recursos. “Son despachos que dicen que pueden conseguir recursos del presupuesto, a cambio de porcentajes… Aconsejan hacer una famosa cuenta concentradora para poder darle más rendimientos a los ingresos”, lo cual constituye el delito de peculado, pues es una violación a las reglas de la administración pública, como sucedió en el caso de Javier Duarte. “El hacerlo y hacer una cuenta concentradora es una violación de las reglas de la administración pública, para con ello esconder en qué se van los recursos que están asignados a tal o cual presupuesto”, destacó el gobernador de Morelos. ¿Es aviso graconiano?

En entrevista con un diario capitalino, explicó: “hay despachos en México que presumen de una gran eficiencia fiscal; esto es parte de una red de corrupción; son despachos fiscales que ofrecen sofoles (Sociedad Financiera de Objeto Limitado). Las sofoles son sociedades que pueden prestar créditos de nómina a los trabajadores y es tal el abuso que se ha hecho de estos despachos, a cambio de porcentaje a funcionarios y a gobierno, que tienen endeudados hasta con el 40% de su sueldo a los propios trabajadores de los sistemas de administración pública”.

Ante la constante práctica de mezclar los recursos federales que reciben los estados se creó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual ordena a todos los gobiernos de los estados abrir una cuenta bancaria por cada programa que les entrega el gobierno federal, a fin de dar seguimiento puntual a la forma en que se gasta el dinero; esas reglas están vigentes desde diciembre de 2008. Pero, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió y denunció que todos los gobiernos de lo estados –sin excepción y cobijados bajo diferentes banderas partidistas- incurren en una práctica que ella misma denominó “simulación de reintegros” y que hasta el año pasado sumaron 221 mil 182 millones 500 mil pesos. Dicha práctica consiste en tomar dinero de una partida para llevarlo a otra y cuando la ASF lo detecta, el gobierno estatal lo repone, pero luego lo vuelve a retirar.

Todos los gobiernos estatales reciben gasto federalizado. De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, uno de sus componentes proviene del Ramo 28, forma parte del gasto no programable y depende de todos los ingresos que obtenga la Federación. Otro componente proviene del Ramo 33, el cual forma parte del gasto programable y se destina a la atención de programas focalizados, prioritarios, para ayudar a superar rezagos sociales como salud, educación y seguridad pública. Además, reciben transferencias etiquetadas y recursos provenientes del Ramo 23, el cual se destina a la infraestructura física de estados y municipios. Todos los programas que se alimentan de fondos ubicados en los Ramos 23 y 33 y las transferencias etiquetadas, deben tener una cuenta bancaria individualizada, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad, pero, en los hechos, está disciplina no se concreta.

CUANDO LO OSCURO SE ACLARA

Con solamente escuchar las pláticas entre familia, con los amigos, lo mismo en cafeterías que restaurantes o bares, puede medirse en su justa realidad el grado de inseguridad que priva entre los quintanarroenses. El reporte de cadáveres de todos los días da fundamento a estas “percepciones” y no hay visita ni discurso de autoridad alguna válido para sembrar tranquilidad o confianza. Durante un buen tiempo se satanizó, por ejemplo, a los taxistas; eran ligados con la mafia un día sí y el otro también. De ahí surgiera un patrullaje interno y colocaran GPS en un buen número de vehículos, los cuales son controlados desde un sistema central. Pueden tomar muchas otras medidas para intentar ejercer un férreo control desde la organización que los agrupa, sin embargo transitar por las calles a todas horas les ha permitido conocer muchos renglones dentro de la actividad delincuencial.

Pese a cualquier señalamiento existe un control, el conocimiento del nombre y otros datos de los conductores. A los propietarios de los taxis no les conviene de manera alguna puedan resultar sus choferes ligados al vandalismo. UBER, la plataforma conocida mundialmente, es como muchos otros adelantos supuestamente creados para hacer más agradable la existencia, no tiene cabida por lo pronto en nuestro país ante la inseguridad reinante. Se sabe de la adquisición de una sola persona de 20 vehículos registrados con esa empresa lo cual lleva a dudar si con una flotilla sin límite, con registro en computadora, a sabiendas de lo fácil que resulta para muchos mexicanos alterar documentación oficial, registros, crear información falsa, se empieza a armar un equipo de distribución, de entrega de cualquier producto, independientemente de poder hacer levantamientos personales.

El horno no está para bollos y muchas voces coinciden en exigir a las autoridades cuenten con información completa, vigilen a todos aquellos con trato directo hacia los ciudadanos. Un argumento hasta cierto punto válido de esa empresa gira en torno a lo dañino que les resultaría el registro de ilícitos a bordo de las unidades a las cuales les tienen asignada la tarea de transportar. Sin embargo, y lo hemos visto, ante una eventualidad simplemente se retirarían y como pasa siempre en nuestro país no existirían culpables. Quintana Roo le ha representado de los de UBER todo un reto y para lograr entrar no han dudado en invertir decenas de millones de pesos. Así ha quedado registrado con tantas multas y con pagos directos a quienes les resulta más barato comprarse un auto nuevo que rescatar el estacionado en el corralón.

No parece tener validez se pretenda hacer pagar a los taxistas, a los dueños de las placas, por los excesos cometidos en el otorgamiento de concesiones. Cada quien debe pagar lo correspondiente y de ser necesario retirar estos beneficios que se haga sin distingo. Se debe ubicar al país en su justo lugar, considerando los atrasos padecidos por una inmensa mayoría. UBER, es un ejemplo más de modernidades para las cuales todavía no se está suficientemente adaptado. En el caso de esta aplicación, la inseguridad lo impide, pero también la alteración de miles de fuentes de trabajo hace su aparición y es mal vista. Para mejor ilustrar: la utilización de los cajeros bancarios es muy cómoda y ahora ya más segura; sin embargo se colocaron sin contemplación y los banqueros de inmediato se dieron a la tarea de sustituir personal generando miles de desempleados. Obviamente el despido corrió en dos bandas: los muy viejos y los recién contratados.

Si hubiesen regulado estos cajeros y limitado el número de ellos considerando su instalación en lugares a los cuales la gente puede acudir a cualquier hora y existe seguridad, se hubiese frenado ese porcentaje creciente de quienes hace tiempo dejaron de contar con empleo fijo, seguro, con prestaciones. Otra visión la dan los aparatos con los cuales se paga el estacionamiento. De nuevo se puntualiza en cierta comodidad pero ésta va acompañada también de un fuerte desempleo tanto de jóvenes que, cubriendo diferentes horarios podían continuar con sus estudios, como de adultos mayores de 55 años a quienes se les colocaba en el lugar del cobro. También UBER genera desempleo y lo que es peor, la pérdida del patrimonio de muchas familias al devaluarse la concesión.

En fin, a partir de saber se cuenta con una Policía Celestial ya podemos deducir se requiere de milagros para recobrar la seguridad al tiempo de estar cierto que a estas alturas sólo Dios puede protegernos. Tal vez con rezos se logre abatir el aumento del 300 por ciento de delitos cometidos durante los primeros dos meses de este año y en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Benito Juárez, Solidaridad y Chetumal, las veladoras estarán prendidas y todos muy atentos al rescate de la imagen de los policías.

AÚN HAY MAS

Inició el sexenio de Carlos Manuel Joaquín con tantas expectativas como tensiones. Un ir y venir de suposiciones rodearon y siguen haciéndolo, la gestión. Sin embargo, algunos renglones van tomando forma y de entre ellos destaca a cada paso las violaciones a las leyes. Una de ellas advierte las convocatorias, edictos, etcétera, deben ser publicados en los medios de mayor circulación del estado. Eso no ha sucedido en momento alguno e inclusive se advierte una gran mediocridad en el lanzamiento de nombramientos para integrar la Junta de gobierno del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Se espera puedan recibirse quejas y denuncias de hechos anteriores a la fecha en la cual se conozca a quienes integrarán esta Junta para así poder ver aplicadas las leyes en quienes cometieron agresiones contra periodistas y comunicadores a partir del mes de octubre de 2016. A decir verdad, las esperanzas son muy pocas y podemos relacionar esos argumentos sobre los sicarios responsables de los hechos en la discoteca Blue Parrot al alejamiento de la verdad. Se afirma, se sabe ya en cual línea aérea llegaron a Cancún, detectaron los vuelos y… los nombres? Siguen sumándose hechos violentos y culpables no hay ninguno. Eso sí, los pronunciamientos son radicales, frente a un pódium, dando la cara a la gente bonita, resguardada la espalda y en fila para la retirada una caravana de camionetas blindadas y los guardaespaldas a la orden.

Donde Renato Sales, Osorio Chong y los presumiblemente encargados de proporcionar seguridad y por ahora ocupados en lograr esto suceda en Quintana Roo, actúen como lo han hecho en Tamaulipas o Chihuahua, más vale permanecer confesados y con testamento debidamente registrado. Por ahora en la joya del Caribe mexicano no pueden encontrarse certezas de índole alguna.

DE LOS PASILLOS

El viernes, ante el magistrado de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, compareció Javier Nava Soria, acusado de fungir como “prestanombres” y presunto contador de los fondos ilegales hurtados al erario público por parte del ex gobernador veracruzano, Javier Duarte, y rechazó ser extraditado a México de forma voluntaria, lo cual le permitirá ganar tiempo en su estrategia judicial, tanto en nuestro país como en España…. Hasta cumplirse los trámites exigidos por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial entre ambos países, el presunto “cómplice” de Duarte de Ochoa será entregado a las autoridades mexicanas. La PGR tiene la obligación de enviar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el servicio diplomático mexicano, la petición formal de extradición a las autoridades españolas y los tribunales competentes… Así van recreando día con día las farsas del aprendiz de diplomático, del funcionario a quien lucen al momento de ser tratado como Jefe de Estado por los reyes españoles, valiéndose del desconocimiento sobre los protocolos de la realeza…

En marzo de este año se reportó la cifra más alta de homicidios dolosos registrada en el país durante esta administración federal: 2 mil 20 denuncias por ese delito. En febrero se contabilizaron mil 825 y en enero mil 930, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Así, el primer trimestre de este año rompió récord, con una suma de 5 mil 775 denuncias por homicidio intencional, a pesar o como consecuencia de la estrategia de combate frontal con grupos delictivos, despliegue constante de fuerzas armadas, la capacitación de nuevos policías y los exámenes de control de éstos. De ahí el debate sobre el papel que deben tener las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. El delito de secuestro también ha registrado incrementos en este año: a nivel nacional se reportaron 98 denuncias en enero, 92 en febrero y 101 en marzo; 291 en total en el primer trimestre de 2017; en el de 2016 se reportaron 247 y en el de 2015, 271 denuncias. Tamaulipas y Veracruz concentraron los casos de secuestro…

La Tasa de Desocupación (TD) en México observó un ligero repunte en marzo pasado a 3.53% de la Población Económicamente Activa (PEA), desde 3.46% en febrero, reportó el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) al considerar cifras desestacionalizadas. La TD se refiere al porcentaje de la PEA que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo y realizó alguna actividad por obtener empleo. En tanto, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) se redujo marginalmente a 56.93 por ciento de la población ocupada durante el tercer mes del año frente al 57.27 por ciento registrado en febrero.

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La justicia se debe cumplir sin distingos partidistas. Para Marko Cortés coordinador de los diputados del PAN, “lo que tenemos que hacer es que el sistema anticorrupción, que aprobamos, funcione en todos sus términos y sin distingos partidistas, que quien la haya hecho la pague”, dijo el líder legislativo en conferencia de prensa.

Afirmó que el PAN tiene un claro compromiso con el combate a la corrupción y por ello respalda la decisión de la Comisión Anticorrupción panista, “para efectos de que ahora sí las autoridades correspondientes hagan lo necesario y se deslinden responsabilidades”.

En tanto, el vicecoordinador del PRI en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que pedirán celeridad a la Procuraduría General de la República (PGR), para que se proceda contra el sonorense, ya que al parecer está totalmente terminado el expediente.

Afirmó que los partidos políticos no son ministerios públicos y lo que deben hacer, en cuanto existen estas actitudes de los gobiernos es tomar una postura y llamarlos al orden, pero finalmente la autoridad es la que tiene integrar los expedientes y consignarlos.

“Creo que aquí la Procuraduría está haciendo un gran trabajo, un esfuerzo importante porque lo que sí se puede ver en estos casos, por lo menos en el de (Javier) Duarte, es que no tiene ninguna clase de protección de su partido, ninguna clase de protección que le permita evadir la acción de la justicia si la merece”, dijo.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, señaló que la decisión de la Comisión Anticorrupción del PAN respecto al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, es interna de este partido.

El coordinador de los diputados perredistas, Francisco Martínez Neri, opinó que el PAN actúo a destiempo al suspender los derechos partidistas del exgobernador sonorense; “parece más un asunto mediático, al igual que el caso del gobernador con licencia de Veracruz”.

Por separado, la bancada del PAN en el Senado presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República que solicite las medidas cautelares que considere pertinentes en contra de Javier Duarte, a fin de evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.

El punto de acuerdo, turnado a comisiones, señala la necesidad de que la PGR establezca las medidas necesarias para que el gobernador con licencia de Veracruz enfrente el procedimiento que hay en su contra por los delitos que se le imputan.

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Esta habrá de incorporarse a la Procuraduría de defensa de derechos de niños y adolescentes. La iniciativa armoniza 34 leyes y los Códigos Civil y Penal, así como de procedimientos civiles y penales, todos ellos de la Ciudad de México.

Además, se elaboró de manera conjunta con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Ley de Cunas la Ciudad de México, y de manera similar con la Fiscalía de lo Familiar, y de la Fiscalía de Defensa de niñas, niños y adolescentes en cuanto a las modificaciones al Código Penal en materia de delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia.

El secretario técnico de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, Óscar García Cervantes, comentó que junto con otras instancias de gobierno se han establecido mecanismos que permitieron los consensos para establecer garantías de un sano desarrollo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Es algo que debemos amplificar y potencializar desde nuestros ámbitos, siendo fundamental legislar, elaborar políticas públicas, programas; pero sobre todo cambiando el actuar de los gobiernos y las administraciones”, subrayó.

Esos problemas, abundó, inciden directa o indirectamente en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. “Por lo que hoy más que nunca, nuestro actuar es fundamental, pues nadie puede ser omiso e indiferente, y convertirse en cómplice de estas situaciones que hoy tanto imperan”.

García Cervantes dijo que “se ha solicitado“ la elaboración de estrategias para la difusión masiva de campañas que hablen de los beneficios de la lactancia materna, que señalen la importancia y trascendencia de la paternidad responsable.

Además, se deben generar programas para evitar la obesidad infantil, fomentando la sana alimentación y la actividad física, requiriendo que mediante programas preventivos se detecten y monitoreen a familias que se encuentren en la problemática de suicidio infantil para así prevenirlo”.

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Participar unidos, damos un paso más en la construcción de una Ciudad de México (CDMX), segura y respetuosa de los derechos de sus habitantes, subrayó el Procurador General de Justicia (PGJCDMX), Rodolfo Fernando Ríos Garza.

Tras exhortar a las organizaciones civiles a participar en las acciones encaminadas a cerrar el paso al fenómeno delictivo, Ríos Garza enfatizó que este instrumento favorecerá el intercambio de información para investigar hechos delictivos, desarrollar medidas de prevención en extorsiones, secuestros y robo en general.

“Estamos seguros que en la Coparmex contaremos con una aliado permanente, comprometido con la obtención de mejores condiciones de seguridad, para beneficio de todas y todos”, afirmó ante el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jesús Padilla Zenteno, y miembros de esta agrupación, así como de todos los subprocuradores de la dependencia.

El abogado de la CDMX reiteró que la tarea fundamental de la PGJ capitalina es combatir el delito y disminuir la incidencia delictiva, y estas medidas han mostrado que es factible obtener mejores resultados cuando son acompañadas por las organizaciones de la sociedad civil.

El trabajo conjunto con la confederación, apuntó, facilitará el diseño de mecanismos que, de conformidad con las reglas de debido proceso, coadyuvarán en la detención de personas a quienes se les impute la comisión de algún delito.

En este sentido, aseveró que la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil, permite mantener un diálogo constante del cual derivan acciones de combate efectivo a los hechos ilícitos, desde una perspectiva integral.

Asimismo, reiteró el compromiso de la procuraduría capitalina de mantener los niveles de exigencia a su personal sustantivo para que en el desempeño de sus funciones, se ciña al cumplimiento de altos valores de lealtad, profesionalismo y honestidad, inherentes a la función de procurar justicia.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jesús Padilla Zenteno, refrendó el compromiso de la organización empresarial para coadyuvar con la Red de Prevención del Delito que impulsa la PGJ capitalina, y externó que el ilícito que más le preocupa al sector es el robo, por lo que los empresarios necesitan capacitación para la prevención.

Tras señalar que la CDMX necesita que todos se comprometan a participar en las tareas que a cada uno le corresponden, el titular de la Coparmex señaló la importancia de que todos los integrantes del gremio sepan que la PGJ capitalina está cerca de ellos y que su equipo de trabajo estará al pendiente de los requerimientos que surjan a partir de este proyecto.

Recalcó, al procurador capitalino y subprocuradores presentes, que la confederación sí es un aleado, y agradeció el interés que los funcionarios de la institución han tenido con cada uno de los agremiados en los temas que les han ocupado, además de que “siempre han estado atentos a las inquietudes y necesidades del sector empresarial”.

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Luego de una denuncia ciudadana, los efectivos realizaron un operativo en un inmueble ubicado en la calle Guatemala, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc. Allí se detuvo a Carmen Somera Trejo, encargada del lugar, y quien obligaba a prostituirse a varias mujeres, por lo que se solicitó al Juez 49 Penal del Reclusorio Preventivo Oriente la medida cautelar.

Durante la integración de la averiguación previa, se estableció que la mecánica de la explotación consistía en que las afectadas se colocaban en el pasillo del inmueble donde eran observadas por los clientes, quienes les pedían el servicio y pasaban a alguno de los cuartos para tener relaciones sexuales.

Del dinero que las agraviadas ganaban por estas acciones, un porcentaje era para la indiciada. El horario de servicio del negocio, que funcionaba desde hace aproximadamente tres años, aproximadamente, era de las 15:00 a las 19:00 horas.

Al momento de cumplimentar la orden judicial, se encontró a cinco de las víctimas ejerciendo el sexoservicio en las habitaciones, por lo que se dio intervención a peritos en materia de genética forense, criminalística y fotografía.

Con las pruebas recabadas y la imputación directa, el agente del Ministerio Público determinó consignar a María del Carmen Somera Trejo a un Juez Penal con sede en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.

Luego de su liberación, las afectadas recibieron atención médica y psicológica resultando con factores predisponentes que las colocan en estado de vulnerabilidad, por lo cual la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad intervino para brindarles apoyo integral.

Además, el inmueble utilizado para cometer el ilícito será propuesto para el ejercicio de la Ley de Extinción de Dominio.

La presente información se emite en términos del Artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
La persona a disposición del Ministerio Público mencionada en este comunicado tiene el carácter de indiciado y se presume su inocencia hasta que, en su caso, la autoridad jurisdiccional resuelva lo contrario.

El proceso sobre el que informa este comunicado se inició previo a la plena entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), por lo que se desarrolla de acuerdo al sistema tradicional o mixto.

La Procuraduría General de Justicia capitalina exhorta a quien sea o haya sido víctima de este ilícito que denuncie en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, llame al teléfono 5345 8110 o al correo electrónico jbautistar@pgjdf.gob.mx

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La Diputada federal del Partido MORENA, Araceli Damián González, subrayó que el pasado tres de abril en los medios de comunicación se dio a conocer dicho caso, pero que fue hasta un mes después que el SAT y la PGR iniciaron las investigaciones, tras la filtración de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca que evidenciaron a 33 mexicanos.

Entre ellos, agregó, están el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya; el exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, y Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo HIGA y quien es el contratista más favorecido por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Araceli Damián recordó que Hinojosa Cantú fue quien financió la compra de la Casa Blanca, ubicada en Las Lomas, y la casa del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en Malinalco. Además, resaltó, el empresario había ocultado 100 millones de dólares en paraísos fiscales, poniéndolos a nombre de dos ancianas de más de 80 años.

“Se sabe que el 12 de mayo la autoridad tributaria de México, el SAT, pidió al regulador bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en paraísos fiscales”, mencionó la integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

La legisladora capitalina resaltó la importancia de que se realicen las investigaciones correspondientes, dado que el establecimiento de empresas “fantasma” para mover dinero a paraísos fiscales o para comprar propiedades, podría prestarse para el lavado de dinero o para ocultar fortunas producto de la corrupción y robo al erario.

“Si bien no necesariamente en todos los casos signifique que hayan podido incurrir en un delito, es un hecho que la mención de todos ellos en los llamados Panamá Papers hace indispensable una investigación muy seria, que aclare los hechos y deslinde responsabilidades”, puntualizó.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Salud (SS) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) aclarar la relación de trabajo de la primera con los Grupos Nadro y Marzam, las dos principales distribuidoras de medicamentos de México, cuyos directivos también figuran en los Panamá Papers.

“Un caso que llama la atención es el de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, dueño de Grupo Nadro, la principal distribuidora de medicamentos de México, quien financió la compra del Grupo Marzam, el segundo distribuidor de medicamentos del país, una venta disfrazada que aparentemente se hizo sin notificarlos a las autoridades mexicanas”, abundó.

La diputada de Morena señaló que dicha venta también pudo pasar inadvertida para la COFECE, precisamente porque se hizo mediante una triangulación sugerida por el despacho de abogados Doporto & Asociados en México, que dirige Luis Doporto, hijo de Héctor Doporto, Coordinador de la representación patronal ante el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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La Diputada del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Penélope Campos González, comentó que en la Ciudad de México (CDMX), se tienen listas las modificaciones a 38 leyes y códigos de un total de 53 donde se establece la normatividad con que habrá de operar el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA-CDMX), que obliga a toda autoridad local a que en el ejercicio de sus funciones garantice el principio del interés superior de la niñez.

En ese sentido, dijo que la ley considerará sanciones más severas a los centros laborales donde se encuentren niñas, niños o adolescentes trabajando antes de la edad mínima prevista en la Constitución Política de nuestro país, específicamente en el artículo 123.

“Además, se creará la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del DIF-DF, que dentro de otras funciones tendrá que denunciar ante la autoridad ministerial aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes.

Se solicitará la imposición de medidas precautorias, cautelares, de seguridad y de protección, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes. Estas medidas se deberán decretar a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente.

Precisó, que las políticas públicas por las que se está trabajando desde la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la ALDF, conjuntamente con el DIF, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), las Organizaciones de la Sociedad Civil y las secretarías de Desarrollo Social, de Educación, de Finanzas, así como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), garantizarán el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes anteponiendo el interés superior y asegurando la asignación prioritaria de recursos para su óptimo funcionamiento.

Por último, mencionó que se está elaborando un protocolo para que cualquier niño con signos de violencia, como en el caso Matatena, tenga una atención integral que va desde su salvaguarda, seguridad y tratamiento físico en las diferentes instancias de salud, pasando por el apoyo psicológico, hasta el seguimiento de su caso por el Ministerio Público y la resolución de un juez.

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Llamó a los agentes del Ministerio Público a no cesar en el esfuerzo de consolidar una institución fuerte, garante de los derechos humanos y profesional en su desempeño.

El abogado de la Ciudad dijo que fundamental sujeta a transformaciones constantes, por lo que a la investigación y persecución del delito se han añadido, de manera progresiva, tareas de prevención, protección de grupos vulnerables y debida atención a las víctimas del fenómeno delictivo.

Explicó que para solventar con eficacia el incremento de las atribuciones institucionales ha sido necesario avanzar simultáneamente en la especialización del personal sustantivo, como un requisito esencial para mantener vigentes los principios de legalidad, certeza y profesionalismo, inherentes a las funciones encomendadas al Ministerio Público.

Por ello, la convicción de las y los servidores públicos por prepararse y ofrecer a la ciudadanía la prestación de un mejor servicio es un hecho que de ningún modo debe soslayarse, añadió.

En este contexto, el Procurador capitalino honró la destacada trayectoria y vocación de servicio, demostrada día tras día, en el transcurso de 27 años de servicio de la licenciada Guillermina Bernabé Rocha, imponiéndole la medalla “José María Iglesias” al Mérito Profesional 2016. Asimismo, se reconoció a seis ministerios públicos por su trabajo relevante y sobresaliente en el curso de su carrera pública.

En su discurso, Ríos Garza recordó al ilustre jurista liberal José María Iglesias como poseedor de los más altos valores cívicos y patrióticos, mexicano de excepción, actor relevante en una de las etapas más turbulentas de nuestra historia, y resaltó que tuvo la visión necesaria para encausar la solución de los grandes problemas nacionales bajo el marco de la Constitución y respeto a la sociedad.

Para quienes forman parte del Ministerio Público en la CDMX, el procurador pidió sujetar sus actuaciones al estricto cumplimiento del principio de legalidad, que es, dijo, la mejor manera de honrar a las mujeres y hombres que dedicaron parte importante de su vida al fortalecimiento de nuestra nación.

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En el evento se dieron cita los casi 100 servidores públicos de más alto nivel de la PGR (Subprocuradores, Fiscales, Titulares de Unidad, Directores Generales y Delegados) para expresar su compromiso de sujetarse al nuevo Código de Conducta de la Institución y a las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.

La Conferencia estuvo encabezada por Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; Samuel Valentín Jiménez Calderón, Oficial Mayor; César Alejandro Chávez Flores, Visitador General de la PGR; y, Juan Pablo Pampillo Baliño, Titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia.

El objetivo de la Conferencia Ejecutiva de Alto Nivel fue mandar un mensaje claro a la ciudadanía de que, desde la Procuraduría General de la República, el compromiso por brindar un servicio público ético y de calidad se inicia desde los altos funcionarios, y comprende a los más de 20 mil servidores públicos que colaboran con la Institución.

Al respecto, el Subprocurador Betanzos Torres, confirmó que la Unidad de Ética y Derechos Humanos será la instancia coordinadora de las actividades de difusión y capacitación del Código de Conducta de la Institución y contará con el apoyo de la Dirección General de Formación Profesional, de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y de los servidores públicos designados para conformar la Red de Ética y Derechos Humanos, a efectos de asegurar la observancia de los principios y valores institucionales.

Comentó que la campaña de difusión y capacitación está dirigida a que todo el personal de la PGR conozca y aplique el Código de Conducta, así como a mejorar sustancialmente su actitud de servicio, con base en principios éticos que den legitimidad y recobren la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno.

Los cursos se impartirán en dos modalidades: la primera, de forma presencial en 350 sesiones, abarcando el 43 por ciento del personal; la segunda, se realizará a partir de cursos en línea, conformados por 10 módulos y con los cuales se pretende capacitar al 57 por ciento restante.

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