Jalisco, Michoacán, Chiapas y Tabasco encabezan la lista por el elevado número de litigios y los procesos administrativos en marcha.

Debido a diversas anomalías, la ASF tiene registrados al momento 266 denuncias contra gobiernos estatales debido a situaciones sospechosas en rubros tales como sector salud, sector educativo, infraestructura y seguridad pública.

Veracruz, Michoacán y Baja California Sur encabezan la lista de estados en los cuales la falta más grave es la simulación de reintegros, es decir, ante señalamientos de recursos desviados se reponen temporalmente para aprobar las revisiones y luego se vuelven a retirar.

Por otro lado y en el caso de Michoacán, el gobierno del estado dejó de pagar cuotas al ISSSTE y al FOVISSSTE. Además, malversó recursos del Seguro Popular a otros rubros. Todo ello derivó, en la mayoría de los casos, en procesos administrativos, pero también en 19 denuncias penales promovidas por la ASF que involucran mil 451 millones de pesos, la mayoría por destinarse a fines ajenos a los de los programas, cantidad sujeta a aclaración que no ha sido acreditada.

Otra entidad con problemas legales en la PGR de la cual poco se ha dado cuenta es Jalisco, cuyas anomalías se concentran en la cuenta pública de 2012, sin que a la fecha el gobierno de ese estado las haya subsanado. En este caso, las inconsistencias y desvíos se concentraron en el sector salud.

Partidas destinadas a diversos propósitos fijados en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud fueron irregularmente canalizadas a otras cuentas, utilizadas para pagos indebidos y otros rubros por 342 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2012, aunque también de los ejercicios 2010 y 2011.

En el caso de Chiapas, las auditorías de la ASF han detectado que en el rubro educativo es en el que mayores inconsistencias hubo, en especial del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, como el pago de compensaciones y bonos al sindicato no autorizados por la Secretaría de Educación Pública, la dispersión de recursos hacia otras cuentas no asociadas con el programa, entre los que sobresalen 207 millones de pesos vinculados directamente con una denuncia de hechos ante la PGR. Además, otra demanda por un desvío del Fondo de Aportaciones a Entidades Federativas, que involucra 445 millones de pesos.

Por lo que respecta a Tabasco, las auditorías que han derivado en denuncias de hechos se asocian con el manejo irregular del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, que involucran casi 900 millones de pesos.

La mayoría, según las observaciones de la ASF, se trata de dispersión de recursos hacia otras cuentas, sin acreditar el destino del gasto. Además, no fue asignado a los fines para los cuales originalmente estaban previstos.

con información de La Jornada y la Auditoría Superior de la Federación

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Tan solo contra la administración veracruzana hay 53 denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo no contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Portal Martínez recordó que hasta febrero, la administración de Veracruz había mal usado recursos públicos federales por un monto estimado de 35 mil millones de pesos.

El auditor superior de la Federación comentó que tiene reuniones periódicas con el Ministerio Público Federal, para dar seguimiento a las denuncias penales presentadas contra el gobierno de Veracruz. Adelantó que próximamente informará de más casos de gobiernos de los estados que han incurrido en observaciones sobre el manejo de recursos federales.

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La funcionaria dijo, comentó el legislador, que se pretende incrementar más aún el impuesto predial a determinados sectores, siendo que la CDMX es la entidad federativa donde se cobra el más alto predial de toda la República.

El legislador perredista dijo que la Carta Magna de la CDMX será de principios y todo lo que corresponde a Impuesto Predial y otros gravámenes se discuten en la ALDF y, en su momento, en un congreso local. «Se consideran en el Código Fiscal y no en la Constitución local», aclaró.

Insistió que los habitantes de la Ciudad de México deben ser beneficiarios de recursos federales que no tienen, por ejemplo, debe traducirse en ley el Fondo de Capitalidad y aumentar otras partidas del gobierno federal para invertir en transporte, infraestructura hidráulica y eléctrica en la Ciudad de México, pues a diario recibe a cientos de personas de otras partes del país.

«Debe haber una responsabilidad del gobierno federal y de la Cámara de Diputados con la Ciudad de México porque somos la capital del país y eso implican recursos extraordinarios», destacó.

Por principio, el legislador Leonel Luna dijo que la ALDF estaría de acuerdo en la figura de un ombudsman fiscal para esta capital, pero muchas de esas funciones ya las hace el Procurador Fiscal local. Sin embargo, «todo dependerá de los constituyentes», subrayó.

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Al participar en la entrega de conclusiones y recomendaciones del análisis de la fiscalización superior de la cuenta pública 2014, la legisladora capitalina insistió en las propuestas de MORENA para auditar en materia de desarrollo y seguridad social, principalmente para verificar las reglas de operación de SEDESOL y de igual manera, la metodología de medición de la pobreza que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

“Las políticas sociales de todos los ámbitos de gobierno dependen de contar con los datos necesarios para que los gobernantes conozcan la verdadera dimensión y magnitud del problema y no de los datos maquillados que nos da el CONEVAL” enfatizó Damián González.

La diputada integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación , informó que se solicitaron auditorias de desempeño al IMSS, al ISSSTE e incluso al Seguro Popular, para saber si se estará en condiciones de responder adecuadamente a la anunciada universalización de los sistemas de salud en áreas de atención, en uso de los recursos y en el suficiente personal. Este supuesto mejoramiento, adelantó, no nos va a llevar a adecuados servicios y acceso a la salud.

Además, refrendó el compromiso del Grupo Parlamentario de Morena para impulsar un Sistema Nacional Anticorrupción que vaya a fondo haga realidad la rendición de cuentas. En este sentido, reiteró que tener una Secretaría de la Función Pública donde su titular sea empleado de la presidencia de la República no nos va a servir de nada.

Finalmente, la legisladora Araceli Damián González recalcó que “fiscalizar en tiempo real sin castigo, no sirve de nada, por ello tenemos que avanzar en las leyes que permitan llevar a los responsables de los malos manejos ante la justicia porque la sociedad mexicana está harta de tanta corrupción e impunidad en este país”.

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