Al margen de las críticas que se han hecho a la desorganización, falta de recursos, ausencia de muchos constituyentes y, en general, al desorden legislativo con el que venido actuando la Asamblea, el proyecto del gobierno capitalino ha sido calificado por muchos como lleno de errores, inconsistencias y contradicciones amén de contener disposiciones inadecuadas e inapropiadas para un documento jurídico de esa importancia y jerarquía legal.

Lo anterior ha hecho muy complicado su revisión y su discusión, desde la integración de las comisiones que las analizarían, pasando por los reglamentos que regirían las discusiones hasta lo difícil que ha resultado dictaminar actividades y hechos tan dispares. En el proyecto se establecen verdaderos catálogos de derechos humanos hasta protección de animales y otras disposiciones que no van en una Constitución, ni siquiera en una ley reglamentaria y quizás apenas cabrían en un reglamento. Pero también se incluyeron temas que levantaron ámpula entre los constituyentes como fue el relativo a temas relacionados con el ordenamiento territorial y sobre todo el relativo a la famosa plusvalía.

A la mayoría de los diputados les vinieron calambres cerebrales al leer que el proyecto de Mancera establecía que “esta Constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad”. Lo que para muchos era volver a los años del más puro comunismo. Lo que provocó largos y reñidos debates, que pudieron ser resueltos al aceptarse que “esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social” Las palabras propiedad privada hicieron la diferencia.

Pero lo que verdaderamente hizo que ardiera Troya y se convirtiera en el “Escándalo del Constituyente” fue el contenido del artículo 21 frac. C7 que establecía que “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad”. El articulo 26 agregaba que “Serán objeto de gravamen el aprovechamiento inmobiliario y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana”. El sector inmobiliario capitalino armó las de Caín y hasta el propio Mancera dio marcha atrás y mandó una contrapropuesta de redacción lo que provocó la ira de los diputados perredistas y más aún de los de MORENA .

Finalmente se quitó la palabra plusvalía y hasta el Jefe de Gobierno dijo que él vetaría cualquier ley que gravara la plusvalía de la propiedad a los particulares. Es decir, “para atrás los fielders, antes de que vengan los batazos”

Viernes y sábado fueron verdaderos maratones de trabajo en las comisiones, pues muchas tenían como plazo el mismo sábado. De manera que esa madrugada y el domingo se consumió más café que en La Parroquia de Veracruz y con todo muchos dictámenes quedaron inconclusos. La Comisión de Carta de Derechos comenzó la discusión en lo particular 45 minutos antes de terminar el plazo que tenían para entregar sus conclusiones, lo que obligó al uso del muy socorrido reloj parlamentario y del mayoriteo de los cuatro principales partidos que integran la Comisión.

Hubo necesidad de revisar al vapor a infinidad de reservas que se habían presentado y ninguna fue puesta a discusión y las que se aprobaron fueron turnadas para su discusión posterior en el Pleno. Lo anterior provocó que temas como el uso de la marihuana, fondo de pensión para ambulantes, la eutanasia y privilegios culturales quedaran fuera del dictamen.

Originalmente las ocho comisiones dictaminadoras debían haber entregado sus conclusiones el pasado 30 de noviembre, pero la falta de consensos y las más de 1500 iniciativas que se presentaron para modificar el Proyecto del Jefe de Gobierno lo hicieron imposible. Sin embargo hubo excepciones notorias como el de la Comisión de Buen Gobierno, encabezada por el talentoso y joven perredista Armando Ríos Piter que cumplieron en tiempo y forma y con dos votos particulares que irán al Pleno. La Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno tuvo también listo su dictamen desde la madrugada del sábado por el que se modifica del Poder Legislativo de la Ciudad.

El Congreso se compondrá por 66 diputados de los cuales la mitad serán de representación proporcional; antes eran 40 y 26 respectivamente lo que incrementará el número de los muy populares plurinominales que con tanto ahínco y fervor reclamaban los ciudadanos.

La presente entrega no pretende ser un análisis ideológico-jurídico del Proyecto de Constitución que se está discutiendo, ya lo han hecho muchos, pero si intenta reiterar que no era la mayor aspiración de los habitantes de la nueva entidad federativa contar con un código fundamental. La baja votación con que se eligieron a los diputados constituyentes, que fueron escogidos por esa vía, así lo demuestra. Contiene errores garrafales como elevar a rango constitucional el ambulantaje, otorga el derecho al voto a los 16 años cuando la Constitución de la República lo establece a los 18, lo que va a provocar un aumento en la influencia de las redes sociales aun mayor del que ya desgraciadamente tienen. Lo de la protección a los animales no ha quedado muy claro, pero ojalá se salven las corridas de toros.

En fin, se dice que el ambiente que se ha vivido en Lla Asamblea ha sido muy similar al de un circo y que hubo muchas fallas, omisiones y exageraciones en su proyecto original. Pero también hubo carencias elementales en la infraestructura legislativa y el apoyo administrativo requerido. Por eso nos atrevemos a opinar que lo que hará posible contar con una “Carta Magna” para la capital es la existencia de personas distinguidas y experimentados políticos que la integran como Enrique Jackson, Santiago Creel, Armando Ríos, Efigenia Martínez, Fernando Lerdo De Tejada, César Camacho, Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, Roberto Gil, Augusto Gómez Villanueva, Bernardo Batiz y algunos más a quien ofrezco mis disculpas por omitirlos.

La CDMX tendrá una constitución en 2017 que va a tener una gran importancia para sus habitantes y para su zona conurbada. Siempre estaremos del lado del avance democrático y sinceramente esperamos que los Constituyentes logren los concensos necesarios y tengan la sabiduría para crear un instrumento a la altura que reclaman los tiempos complicados que vive la Nación y no sea sólo un instrumento político más en beneficio de algunos y de la partidocracia en que hemos convertido a la política mexicana.

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Indicó que se inicia una nueva etapa en política migratoria ante el fenómeno del desplazamiento forzoso, “haciendo uso de la protección humanitaria que provee el asilo político y la condición de refugiado para garantizar el derecho de toda persona de encontrar protección internacional cuando las violaciones a sus derechos humanos provienen de actores originarios de sus propios países”.

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados. Informó que 22 congresos estatales notificaron de su voto aprobatorio al decreto, por lo que se reúne la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados que se requieren para dar plena validez a la reforma a la Carta Magna.

Los congresos que notificaron el aval a la reforma fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

El senador Roberto Gil remitió el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación, al mismo tiempo advirtió que la Comisión Permanente estará a la espera de recibir las resoluciones de otras legislaturas estatales, para su integración al expediente correspondiente.

Al referirse a la Declaratoria , el senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, precisó que la reforma señala que toda persona podrá disfrutar, en nuestro país, el derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político deberán realizarse en términos de los tratados internacionales suscritos por el país, indicó.

En ambos casos, precisó, corresponde a la ley secundaria regular las procedencias y excepciones para las solicitudes y otorgamiento del asilo y de la condición de refugiado.

Asimismo, destacó que con este cambio constitucional el país refrenda su vocación, práctica, aprecio por la protección al principio de la libertad humana y al principio del imperio de la ley en el ámbito internacional, de los derechos humanos y en el propio de nuestra nación.

Del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Gabriela Cuevas Barron, señaló que con esta reforma se inaugura una nueva etapa en el país en materia de protección internacional humanitaria, pues se eleva a rango constitucional el derecho humano a buscar y recibir asilo, reconocido en instrumentos internacionales.

El diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, subrayó que se intenta equilibrar la capacidad de carga en materia de infraestructura en los territorios nacionales susceptibles de recibir personas en condición de asilo o refugio, con el fin de evitar la vulnerabilidad de estas regiones y tratando de atender de la mejor manera las necesidades de los solicitantes, con el propósito de buscar el mejoramiento de sus condiciones de vida y sin menoscabo de los pobladores originales.

Del Grupo Parlamentario del PVEM, el diputado Enrique Salazar Farías, celebró ser parte de la reforma, pues más allá de lo jurídico es una cuestión de sensibilidad humana, de respeto a los propios derechos. Tenemos los brazos abiertos para que toda persona “como dice la reforma, tenga derecho a que se le conceda la condición de refugiado o solicite asilo político”. México tiene que ser siempre el mejor futuro y destino, advirtió.

En tanto, el senador Héctor Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del PT, indicó que la problemática de la condición, protección y asistencia a personas refugiadas o desplazadas no es particular de México. En ese sentido, las modificaciones buscan atender la problemática que afecta y responsabiliza al país, al ser parte firmante de tratados internacionales pero que no brinda una respuesta a la altura de las necesidades porque a pesar de que la problemática es mundial, en el país se acentúa.

Por el Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Virgilio Caballero Pedraza destacó que actualmente en hay una crisis de protección de los derechos humanos derivada de los conflictos armados y políticos, así como producto de la violencia y del crecimiento desmedido de la pobreza, de ahí el valor humanitario de la reforma al artículo 11 de la Constitución.

Angélica Reyes Ávila, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, dijo que México, en diversas épocas, se ha convertido en la casa de miles de extranjeros obligados a huir de sus naciones, víctimas de persecución política, violencia de pandillas o las acciones del crimen organizado, por lo que garantizar los derechos de todo individuo, sin importar su nacionalidad, es un compromiso permanente.

Por el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, Alejandro González Murillo celebró la sólida tradición diplomática del Estado mexicano y su apertura al asilo y refugio como vehículos para el enriquecimiento de la cultura nacional, a través de la diversidad y respeto de la dignad de las personas.

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Este llamado se une al de los senadores del PRD, quienes pidieron se determinen las causas y los responsables del enfrentamiento entre policías e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de ayer domingo en Nochixtlán, Oaxaca.

Hacemos un llamado al Gobierno Federal a que redoble los esfuerzos para restablecer el orden y la paz pública en Oaxaca. Que no solamente aplique la ley, sino también que despliegue los esfuerzos institucionales necesarios, a efecto de que la sociedad oaxaqueña pueda recuperar su tranquilidad y para contener cualquier tipo de expresión violenta por parte de ciertos contingentes magisteriales».

Por separado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Angélica de la Peña (PRD), afirmó que se necesita saber qué fue lo que realmente ocurrió en Oaxaca, así como determinar responsabilidades.

La perredista adelantó que su bancada propondrá que se cite a comparecer a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación Pública, Aurelio Nuño; así como al gobernador Gabino Cué Monteagudo para den una explicación sobre lo que ocurrió en Nochixtlán.

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