Datos oficiales, indican que en México, este delito se ha incrementado al grado de que el país se ubica en el octavo puesto mundial. Por otro lado, durante el primer semestre de 2016, se estima que como producto del robo de identidad, lo delincuentes han logrado más de mil 800 millones de pesos, como producto de 33 mil casos de usurpación.

Por otro lado, hay que destacar que la sanción económica y la pena de presión se incrementará en una mitad si el delito lo comete un funcionario público o quien aprovechándose de su profesión, estudios o acceso a bases de datos cometa el delito.

Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra, dijo que esta Reforma responde a una exigencia de los ciudadanos para que se proteja su identidad.

De acuerdo al dictamen, cometerá el delito de usurpación de identidad quien usando medios lícitos o ilícitos se apodere, transfiera, utilice, suplante o disponga de datos personales sin autorización del titular, datos como contraseñas, número de Seguro Social, tarjetas bancarias, dirección y fecha de nacimiento.

La diputad del Verde, Lorena  Corona, promovente de la iniciativa, explicó que el robo de identidad ha crecido 141 % y sólo 5 entidades lo han tipificado como delito: Colima, Ciudad de México, Tabasco, Nuevo León y Estado de México.

Dijo que de acuerdo al INAI la sustracción de datos a través de correo electrónico, celular y tabletas son las formas más frecuentes para el robo de identidad.

Alfredo Basurto, De Morena, dijo que el robo de identidad afecta incluso al erario, con la creación de empresas fantasma, puso como ejemplo las malas mañas de Javier Duarte de Ochoa ex gobernador de Veracruz.

Víctor Manuel Sánchez, de Movimiento Ciudadano, enfatizó que el 67% de los casos de robo o usurpación de identidad se dan por pérdida de documentos, 63% robo de cartera  y 53% por información tomada de las tarjetas bancarias.

El dictamen fue enviado al Senado para su análisis y eventual aprobación.

con información de agencias

jcrh

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Por este problema creciente, los legisladores promueven, en conjunto con otras oficinas de Gobierno, la campaña #LoTienes que saber.

El objetivo de esta campaña, es sensibilizar tanto a las agencias y empresas que estén reguladas por las leyes de protección de datos personales y privacidad, como a los particulares sobre la importancia que tiene este tema.

En la barra de programas del Canal de Televisión del Congreso se difunden, a fin de avisar sobre riesgos de exponer información personal, particularmente por medios electrónicos, spots audiovisuales titulados:

“Escuela”
“Expedientes”
“Puente”
«Teléfonos”

Datos del INAI describen que en 2015 en México se registraron 50 mil denuncias por robo de identidad, cifra que equivale, en promedio diario, a 136, o sea, 5.7 denuncias cada hora.

Las pérdidas, en dinero, para los afectados suman 260 millones de pesos, o sea, en promedio, cinco mil 200 pesos por cada una. Asimismo, el INAI refiere que los datos influyen con rapidez en medios electrónicos y cada segundo se realizan:

50.000 publicaciones en Facebook
7.210 en Twitter
54.297 búsquedas en la web
122.831 videos en YouTube.

Además, cada minuto son hackeados 44 sitios web en el mundo. La campaña de sensiblización, a través del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, tendrá una vigencia del 20 de junio al 25 de septiembre del presente año.

jcrh

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La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Melissa Torres Sandoval dio a conocer su proyecto.
Argumentó, en una iniciativa presentada ante la Comisión Permanente, que el número de reclamaciones por esta falta se incrementó de cuatro mil 564 en 2011 a 28 mil 458 en 2015, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Apuntó que el quebranto económico provocado por robo de identidad registró un alza del 686 por ciento de 2011 a 2015. Indicó que el monto de los reclamos el año pasado llegó a los 118 millones de pesos, mientras que hace cinco años fue únicamente de 15 millones de pesos.

Por ello, propuso reformas y adiciones a diversas disposiciones que regulan a las entidades financieras para “establecer la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar la usurpación de identidad de sus clientes y usuarios”.

Además de “facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Confusef para que en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan las disposiciones de carácter general que establezcan las medidas mínimas que deben cumplir para evitar el robo de identidad, previo a la contratación de productos y servicios financieros con sus clientes”, detalló.

La legisladora de Encuentro Social, propuso modificaciones a las leyes de Instituciones de Crédito; del Mercado de Valores; General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; de Uniones de Crédito; de Fondos de Inversión; de Ahorro y Crédito Popular, y para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

De esta forma, aseguró, se logrará prevenir esta actividad, tipificada como delito sólo en la Ciudad de México; sin embargo, a nivel federal no existe esta figura, ya que se sanciona como fraude genérico. Tampoco a nivel administrativo existen específicamente normas que prevengan estas conductas aplicables a las entidades financieras, destacó.

Sostuvo que las actuales obligaciones en materia de conocimiento del cliente, a cargo de las entidades financieras, previstas en las diversas leyes que las regulan y las disposiciones emitidas por la SHCP, resultan insuficientes para prevenir la usurpación de identidad.

Consideró que dichas medidas fueron establecidas para combatir una problemática diferente, como prevenir el lavado de dinero que atienden operaciones y montos determinados. Sin embargo, explicó, la usurpación de identidad se comete frecuentemente en la contratación de líneas de crédito por cantidades menores.

Por lo cual, dijo, la documentación que se solicita, la integración de dichas cuentas y los usuarios que las tramitan, no son objeto ni sujeto de una verificación exhaustiva, o por lo menos razonable, por parte de las instituciones financieras.

El aumento de los casos de robo de identidad exige darle continuidad y formalidad legislativa para proteger a los usuarios de servicios financieros, ajustando el marco jurídico aplicable a las instituciones que los ofrecen. Con el propósito de que establezcan mayores medidas de seguridad en el otorgamiento de créditos y apertura de cuentas, que estén específicamente dirigidas a prevenir este problema, recomendó.

Las medidas, externó, incluirían visitas al domicilio del cliente, corroboración de información financiera con otro organismo y verificación de identificaciones (a través del portal del Instituto Nacional Electoral). Además, agregó, que las autoridades supervisoras pongan mayor énfasis en la revisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de identificación de clientes, por parte de las instituciones financieras.

Torres Sandoval explicó que en muchos casos el organismo bancario no resuelve a favor de la víctima del robo de identidad, la cual debe acudir a otras vías, como un juicio en contra del organismo bancario o, bien, pagar de su patrimonio el monto defraudado.

Refirió que, de acuerdo con la Condusef, en 2015 las instituciones financieras abonaron a los usuarios afectados sólo 69 millones de pesos, equivalente al 58 por ciento del monto total reclamado -118 millones de pesos-, por lo que las personas afectadas por este delito tuvieron que pagar 49 millones de pesos.

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