La pena del Deustche responde a 7.200 millones de dólares y su competidor suizo 5.300 millones para saldar las demandas y evitar procesos en Estados Unidos.

Estados Unidos ya había tomado medidas similares contra potencias bancarias nacionales: JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley y Bank of America pagaron en total US$40.000 millones para resolver pleitos por sus operaciones con los préstamos tóxicos.

«Hay un cierto fundamentalismo de la ley en Estados Unidos. Cuando se viola le ley, la sanción cae», dijo a la AFP Nicolás Véron, experto de un centro europeo de estudios (Bruegel) y estadounidenses (Peterson Institute). El Reino Unido ha impuesto sanciones por la manipulación de la tasa Libor pero medidas similares son raras en el resto de Europa.

«No es tanto una diferencia en las reglas sino en cómo son aplicadas. Es mucho más duro en Estados Unidos», afirmó Véron quien considera que los países europeos «no se atreven» a enfrentar a los grandes grupos económicos de sus países. El marco legal estadounidense le da a Washington la potestad de extender su brazo judicial fuera de sus fronteras.

La constructora brasileña Odebrecht, eje de un gigantesco sistema de corrupción en su país, fue obligada la semana pasada a pagar US$2.600 millones por su red internacional de sobornos que además de Brasil incluía a más de una decena de países.

La israelí Teva, número uno mundial en medicamentos genéricos, deberá pagar US$519 millones por hechos de corrupción sin vínculo directo con Estados Unidos.

¿Por qué ocurre esto? Porque Estados Unidos tiene una ley de 1977 que le permite sancionar empresas cuando cotizan en Wall Street o cuando sus transacciones ilegales pasan por el circuito financiero estadounidense. Esa extraterritorialidad, que no tiene equivalente en Europa, le da a Estados Unidos un papel de gendarme contra la corrupción mundial y le da pie para afirmar su influencia geopolítica.

«Realmente hay un lazo entre los asuntos económicos y los asuntos extranjeros», dijo a la AFP Aaron Klein, experto del centro de estudios Brookings de Washington. «Seguramente la próxima guerra será librada con bonos del Tesoro más que con bombas», añadió.

El escándalo de los motores trucados del gigante alemán Volkswagen (VW) mostró la fuerza del sistema judicial estadounidense y su capacidad de enfrentar a grandes corporaciones.

Para indemnizar a los dueños de los autos y reparar los daños al medio ambiente, VW deberá pagar más de US$15.000 millones y deberá reservar al menos un par de miles de millones más para hacerse cargo de demandas civiles. En Europa también se vendieron esos autos de VW que contaban con un dispositivo que los hacia parecer menos contaminantes de lo que realmente eran. Sin embargo, el resultado de lo que haga Bruselas seguramente será menos espectacular.

«En la Unión Europea, el camino hacia las indemnizaciones es más complicado que en Estados Unidos», admitió la comisaria europea de Justicia Vera Jourova a comienzos de setiembre.

En Estados Unidos, las acciones de las autoridades pueden promoverse por demandas colectivas que acentúan la presión sobre las empresas. Empero ese tipo de herramienta jurídica no existe en la Unión Europea. De todas formas, Bruselas no es totalmente omisa ante las grandes corporaciones y abrió varias investigaciones por competencia desleal al profundizar su ofensiva contra la evasión fiscal de las multinacionales.

La decisión hasta ahora más importante fue tomada en agosto contra Apple: la Comisión Europea la intimó a devolver a Irlanda 13.000 millones de euros en beneficios fiscales que fueron consideradas ilegales por Bruselas.

Washington, en cambio, considera injusta la sanción a Apple y la califica una amenaza al comercio internacional.
afp/r3

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El legislador local, Luis Alberto Chávez García, a nombre la diputada perredista Socorro Meza y de varios grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), exhortó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a que tomen en cuenta las afectaciones sociales a la alimentación del pueblo de México y a los pequeños productores, entorno al juicio colectivo promovido por científicos, especialistas y campesinos, respecto a la siembra de semillas de maíz transgénicas.

Ante esta información, campesinos, científicos, movimientos sociales mexicanos promovieron una demanda colectiva para impedir que las autoridades mexicanas continúen autorizando –e incluso promoviendo- la importación de semillas de maíz transgénico.

Greenpeace informó que su perspectiva acerca de la siembra de maíz transgénico en México es que, al introducir genes foráneos de otros organismos a las variedades no transgénicas, nativas y sus parientes silvestres, generará nuevos riesgos e incrementará radicalmente los ya existentes, en las dimensiones ambiental, agronómica, social y de la salud.

Advirtieron que las seis razas de maíz nativo, las más de 40 variedades y el “Teocintle”, hasta ahora localizados en el suelo de conservación del Distrito Federal, se encuentran en grave riesgo de contaminación transgénica.

Ante esta situación, el legislador perredista destacó que las autoridades federales han actuado de manera cuando menos cuestionable, al litigar de lado de las empresas transnacionales, desfavoreciendo a los productores mexicanos, y poniendo en riesgo la alimentación de todo el pueblo de México, y al ver al maíz solo como un producto que genera ganancias.

“ La Ciudad de México, al encontrarse en un momento decisivo en su historia, tiene la enorme oportunidad de establecer en su primera Carta Magna los principios en que se basará nuestro desarrollo y nuestro devenir. Tiene la oportunidad de considerar a este preciado grano en sus aspectos alimenticio, cultural, productivo, e incluso ritual en la historia de México, que no solo ha prevalecido, sino que por su riqueza se ha expandido a todo el mundo. Podemos rectificar el camino que equivocadamente se ha tomado y dar lugar a la alimentación como el bien principal y asegurar que nuestra alimentación tenga la autenticidad que merecemos”, resaltó Luis Chávez.

En este sentido, también exhortó al Constituyente para que la Constitución de la Ciudad de México quede asentado el derecho a la alimentación libre de transgénicos, tomando en cuenta la naturaleza antropológica, arqueológica y cultural del preciado grano. Se trata de proteger a los campesinos y productores locales, pero sobre todo, proteger la alimentación adecuada para los capitalinos, culminó Chávez García.

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