Esta es la conjetura a la cual llegó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). De igual forma, Consuelo Mendoza García, presidenta de este organismo, indicó que esta problemática va más allá del aspecto educativo, pues se requiere la acción de todo el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia, de las procuradurías, del Sector Salud y de la participación activa de los padres de familias.

De ahí la necesidad del reforzamiento de los trabajos de los centros locales de atención a la violencia, la construcción de espacios de reconstrucción de la unidad familiar; prevención y rehabilitación de generadores y receptores de violencia, y vigilancia del cumplimiento de la ley.

Igualmente solicitó la importancia de revisar y corregir las deficiencias registradas en el Programa Escuela Segura, lo mismo que buscar involucrar a los padres de familia en la seguridad escolar, con la prevención y la contención, y contar con diagnóstico adecuado de la violencia en los planteles.

También, abundó, se debe capacitar a los docentes para que junto con los padres de familia puedan detectar, canalizar y educar a estudiantes que requieran atención a problemas de salud mental y emocional.

Mendoza García dijo que también es necesario un esquema transexenal, involucrar a toda la comunidad escolar, prestar atención a lo que dicen los niños para comprender sus preocupaciones y circunstancias. Por otro lado, destacó la importancia de suministrar a los cuidadores de niños los conocimientos y aptitudes que necesitan para que también puedan brindarles protección, y armonizar la legislación y normatividad educativa con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, incorporar la educación para la paz y la convivencia como objetivo transversal del Nuevo Modelo Educativo y rescatar la formación en valores cívicos y éticos, que incluyen la violencia sistémica y criminal, y la salud mental.

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El estudio analiza 19 países de ingresos medios y bajos.

Describe cómo La violencia y el acoso escolar, que incluyen el acoso físico, psicológico y sexual, tienen un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes y en su salud mental y emocional.

Además, indica que este fenómeno no solo afecta a las víctimas directas del acoso, sino también a los testigos, niños y jóvenes, que cuando están expuestos o ven lo que está pasando en su escuela, resultan asimismo perjudicados.

El documento también destaca que la violencia relacionada con la escuela obedece a dinámicas de poder desiguales debidas a normas y estereotipos de género, orientación sexual y otros factores relacionados con la marginación, como la pobreza, la identidad étnica o el lenguaje.

Según un sondeo de opinión de 2016 sobre la experiencia de intimidación a la que respondieron 100.000 jóvenes en 18 países, el 25% informó que habían sido intimidados debido a su apariencia física; un 25% debido a su género u orientación sexual, y otro 25% achacó el acoso a su origen étnico o nacional.

Por último, el informe recomienda medidas urgentes para combatir la violencia y el acoso escolares, tales como reforzar el liderazgo, promover la concienciación, establecer alianzas, involucrar a niños y adolescentes, fortalecer la capacidad del personal educativo, establecer sistemas de reporte y mejorar la recolección de datos.

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