Hace 10 años, en agosto de 2014, México enfrentó uno de los peores desastres ambientales en su historia reciente, según lo indicó María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 9 de agosto.En un video presentado en la mañanera, se detalló que el desastre comenzó cuando 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado se derramaron en los ríos Sonora y Bacanuchi debido a una falla en el complejo minero Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.

Consecuencias del accidente tóxico

Este incidente afectó a ocho municipios y expuso a miles de habitantes a graves riesgos para su salud, generando una denuncia penal que aún tiene repercusiones legales y ambientales.El informe oficial señaló que la falla en el sistema de lixiviación de la mina, específicamente en la Presa Poniente, provocó el derrame.La Presa Poniente colapsó tras las lluvias de julio y agosto de 2014, y los fluidos tóxicos llegaron a la Presa Tinajas 1, que a su vez los vertió en los ríos. Esta cadena de fallos demostró una negligencia en el diseño hidrológico del sistema asignado a Grupo México.Para mitigar los daños, en septiembre de 2014, Grupo México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) firmaron un convenio que incluía la creación del Fideicomiso Río Sonora, con un fondo inicial de 2,000 millones de pesos (mdd) para la remediación ambiental y compensación de daños. No obstante, solo se pagó la mitad de esa cantidad, y de lo entregado, apenas 7.8 millones se destinaron a los afectados por problemas de salud.Entre los proyectos financiados con el fideicomiso, se construyó una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en Sonora, con una inversión de 71 millones de pesos.También se implementó una estrategia de comunicación social con un gasto de 32.4 millones de pesos, cifra que supera en cuatro veces la cantidad otorgada a los damnificados por problemas de salud.Además, se invirtieron 185 millones de pesos en tinacos para almacenamiento de agua y 4.7 millones en una planta potabilizadora en Bacanuchi, la cual operó únicamente hasta 2017.

La SEMARNAT y el gobierno federal responden al desastre del Río Sonora

Esta distribución desigual del gasto quedó sin resolver hasta diciembre de 2016, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) consideró que los programas de remediación habían sido cumplidos satisfactoriamente.En febrero de 2017, la Profepa dio por concluidas las medidas correctivas y extinguió el Fideicomiso Río Sonora.Sin embargo, en enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revaluar la remediación y las medidas correctivas. Este fallo resultó en que la Profepa y la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) anularan las resoluciones anteriores.En respuesta a esta nueva sentencia, la SEMARNAT solicitó a Grupo México la modificación de sus programas de remediación.A raíz de esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en julio de 2021 un Plan Integral de Atención para Cananea y las comunidades afectadas. Este plan incluye la instalación de plantas potabilizadoras y redes de agua potable en 24 comunidades, con una inversión de 295 millones de pesos.Además, se creó un fideicomiso de 300 millones de pesos destinado a los extrabajadores mineros, de los cuales ya se han distribuido 212 millones entre 1,409 beneficiarios, según la Secretaría de Gobernación.Con información de NotiPress.

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