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- El fallo de la magistrada federal Karla Macías frenó el paso de la Guardia Nacional frenó la militarización de las calles.
- Pero al fallar un recurso de amparo de la ONG Uniendo Caminos, la jueza determinó que la seguridad pública es potestad de organismos civiles.
- «Es una batalla, pero no la guerra», dice un experto. Apuntó que el fallo de Macías no tendría «efectos generales», por lo que el traspaso seguiría su marcha.
El plan del gobierno de encargar tareas de seguridad pública a los militares, que conllevaría la militarización de las calles, quedó envuelta en una batalla legal. Esto luego de que el lunes una jueza suspendió indefinidamente dicho plan por considerarlo inconstitucional.
El fallo de la magistrada federal Karla Macías frenó el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa; aún cuando el Congreso aprobó la iniciativa.
Esa decisión de la mayoría oficialista dejó a la fuerza policial —de 115,000 hombres— bajo el control operativo y administrativo del Ejército.
Pero al fallar un recurso de amparo de la ONG Uniendo Caminos, la jueza determinó que la seguridad pública es potestad de organismos civiles.
«La Constitución prescribe no solo el fin…También el medio constitucionalmente legítimo para llevar a cabo las tareas de seguridad pública: órganos de carácter civil, no militar», indica la sentencia.
Macías ordenó que la Guardia Nacional continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es la misma manera en que ocurría desde 2019, en reemplazo de la Policía Federal.
La jueza ya había adoptado una decisión similar el pasado 13 de octubre, pero un tribunal colegiado la desestimó alegando que el querellante no tenía «interés jurídico» o legítimo para solicitar el amparo.
«Quien va a tener la última palabra (…) es la Suprema Corte de Justicia a través de (…) una acción de constitucionalidad o una controversia, pero esto va a tardar», explicó a la AFP Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
«Es una batalla, pero no la guerra», añadió el experto. Apuntó que el fallo de Macías no tendría «efectos generales», por lo que el traspaso seguiría su marcha.
López Obrador justifica su decisión sobre la Guardia aduciendo que las Fuerzas Armadas son menos permeables a la corrupción. Sin embargo, sus críticos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguran que profundiza la militarización y significa un retroceso en materia de garantías fundamentales.
El pasado 12 de octubre, el Congreso también aprobó una reforma que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028.
México acumula más de 340,000 asesinatos y decenas de miles de desaparecidos, la mayoría atribuidos al crimen organizado, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.
