Imagen: Diego Ventura
- El código penal de Ciudad de México impone de 50 a 100 horas de trabajo comunitario a quien «imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión sexual».
- Los castigos aumentan si la víctima es menor de edad.
- Sin embargo, en otras regiones del país como en Jalisco todavía se publicitan programas como el del terapeuta Everardo Martínez para «desarrollar la atracción heterosexual».
Un terapeuta mantuvo arrodillada tres horas a Jazz Bustamante para obligarla a que «renunciara a la homosexualidad» durante una terapia de conversión sexual.
Esta es una práctica que ahora se castiga con cárcel en Ciudad de México.
«(Me dijo que) estaba a tiempo de cambiar mi vida y que él, haciendo referencia a Dios, me sanaría», cuenta a la AFP Bustamante, una mujer transgénero de 29 años, sobre lo que entonces le presentaron como un «retiro espiritual».
«Ya mis pies, mis rodillas, no aguantaban, estaba muy cansada, empecé casi a llorar, así que dije: ‘Ok, renuncio'», recuerda esta defensora de derechos humanos.
Bustamante llegó a la sesión en el estado de Veracruz a los 21 años, motivada por llevar una vida espiritual.
Pero en medio de alabanzas cristianas, en unas cabañas vacacionales, asegura que la insultaron y humillaron.
«La persona que estaba a mi lado dijo: ‘Tú no naciste así, dinos la verdad, tú dices que no te violaron pero a ti te violaron'», relata la joven, que intentó en vano reivindicar su orientación.
Este método, conocido como Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), se prohibió a finales de julio por el Congreso de Ciudad de México tras años de lucha de organizaciones LGBT+.
Es el primer estado del país en ilegalizar las también llamadas «terapias de conversión» y castigarlas con penas de dos a cinco años de cárcel.
«Tortura» en las terapias de conversión sexual
Los encuentros son promocionados por organizaciones religiosas o conservadoras que prometen «curar» la homosexualidad y ofrecen consultas para «recuperar la heterosexualidad».
Iván Tagle, quien dirige el colectivo Yaaj, que impulsó la prohibición, vivió una dura experiencia a los 15 años.
«Me privan de la libertad durante tres días sin poder comer, sin poder dormir, sin poder tomar agua como práctica en la que se me somete a mucho estrés. Me hacen regresiones, es una tortura psicológica», evoca Tagle, de 31 años.
El activista denuncia que las intervenciones también suelen incluir golpes y abusos sexuales.
Emiliano Contreras, de 22 años, fue sometido a presiones de su padre, que lo llevó a Cuba a visitar prostitutas creyendo que así cambiaría su orientación.
«¿Cómo le dices a una trabajadora sexual en Cuba, en la Habana Vieja, que estás ahí (…) porque eres gay y te están intentando quitar lo gay?», dice Contreras.
Estos recursos se extienden por el mundo.
En julio pasado, Víctor Madrigal-Borloz, experto en el tema, presentó ante Naciones Unidas un informe que señalaba que son comunes en 68 países y muy frecuentes en África, América Latina y Asia, con la usual participación de organizaciones religiosas.
Prohibición total de las terapias de «conversión sexual»
En países como Ecuador y Malta estos procedimientos se consideran delitos, mientras en otros como Canadá, España y Estados Unidos están prohibidos en algunos lugares.
Además de la prisión, el código penal de Ciudad de México impone de 50 a 100 horas de trabajo comunitario a quien «imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión».
Los castigos aumentan si la víctima es menor de edad.
Sin embargo, en otras regiones del país como en Jalisco todavía se publicitan programas como el del terapeuta Everardo Martínez para «desarrollar la atracción heterosexual».
Pese a que desde 2012 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta que estos servicios carecen de justificación médica.
«La asesoría psicológica que damos le llamamos ‘desarrollo de la heterosexualidad’ (…) Vienen personas que tienen un sentimiento de atracción a su mismo sexo que no eligieron, efectivamente no decidieron tener ese sentimiento y ellos se lo quieren quitar», dice Martínez.
Tras la proscripción de esas acciones en la capital, Tagle busca que se apruebe una medida similar en el Senado para todo el país.
«Estas experiencias que vivimos cada uno de nosotros nos hizo convertir lo personal en político», afirma.
«Lo importante de estas leyes (…) es que nos brindan mecanismos y rutas para hacer exigibles nuestros derechos», agrega.
