El Congreso de la Unión votó este miércoles una ley que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028. Esta iniciativa preocupa a víctimas de abusos como las del caso Ayotzinapa, que involucra a algunos militares.

La reforma constitucional ocurre en medio de una filtración de información militar clasificada. Los responsables son el grupo de hackers Guacamaya.

En México, donde el volumen de filtraciones es de los más altos, detonó una avalancha de denuncias periodísticas. En ellas desvelan la influencia de los militares en la actual administración.

La nueva ley consolida el protagonismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó a las fuerzas armadas. Esto ya que les confió la seguridad pública y labores como la construcción de infraestructura.

Esta alianza cívico-militar preocupa a defensores de víctimas como Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Su desaparición forzada en septiembre de 2014 constituye uno de los crímenes más atroces de la historia reciente.

El Ejército «está dejando sentir su poder, ante el que la autoridad civil está sucumbiendo; el presidente hoy en día tiene acuerdos estratégicos con las fuerzas armadas», declaró a la AFP.

Presión castrense

Rosales alude al revés que supuso la cancelación de la mayoría de órdenes de aprehensión contra 20 oficiales y soldados presuntamente involucrados en el crimen. Dichas órdenes las consiguió una fiscalía especial que investiga el caso en agosto.

En su lugar solo cinco militares fueron requeridos por la justicia con el aval de AMLO. Esto desencadenó la renuncia del fiscal especial Omar Gómez.

Rosales lamentó que el mandatario planteara que las capturas buscaban desprestigiar al Ejército y provocar «una rebelión» en sus filas.

El abogado señala que la postura de López Obrador evidencia que su pacto con las fuerzas armadas se ha impuesto sobre la causa de los estudiantes.

«Todo eso se lo está dejando al Ejército y obviamente ante ese compromiso y ante la presión que están ejerciendo (los militares) creo que el gobierno está dando un paso hacia atrás en el caso Ayotzinapa», afirmó Rosales.

AMLO asume ahora una defensa cerrada de la institución, según analistas. Implica limpiarla de acusaciones sobre su participación en Ayotzinapa, o minimizar las filtraciones de información que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió a manos de Guacamaya.

Efecto Guacamaya

Investigaciones periodísticas surgidas a partir del jaqueo denuncian que la Sedena habría espiado a opositores al gobierno, mientras que una carta filtrada muestra que su titular, el general Luis Cresencio Sandoval, abogó ante López Obrador por uno de los oficiales vinculados con Ayotzinapa.

Otros documentos indican que el Ejército habría elaborado las propuestas de reforma constitucional que acabaron convertidas en una ley que el Congreso aprobó en septiembre, y que le otorgaron el control de la Guardia Nacional, corporación que el presidente creó para asumir la seguridad pública prometiendo que tendría mando civil.

Las filtraciones prueban además que López Obrador aceptó una propuesta de los uniformados para crear una aerolínea comercial y administrar algunos aeropuertos, una información que el mandatario confirmó.

«Nos están regresando a estados decimonónicos donde el poder político y el poder militar están fuertemente unidos, estamos viendo el acercamiento a un pacto cívico-militar para gobernar», advirtió el analista Gibrán Ramírez, en la televisora Milenio.

Pese a las alertas, Rosales reconoce que es difícil confrontar a López Obrador pues mantiene «legitimidad y un grado alto de aprobación» popular, alrededor del 60%, según diversas encuestas.

Por ello, cree que la impunidad de los militares persistirá avalada por el presidente.

«Creemos que [López Obrador] ya ha cambiado la posición, que ya no hay un compromiso, ya no va a haber más en el caso Ayotzinapa», concluye.

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