La manipulación de infraestructura hídrica para afectar al Gobierno de la Ciudad de México es una aberración social cercana al terrorismo, opinó la asambleísta Wendy González Urrutia quien pidió que se investigue y se haga valer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables.

“Se está violando uno de los derechos humanos más preciados como es el agua, con mezquinos y perversos fines políticos”, señaló en un comunicado la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea Legislativa.

Explicó que cerrar las válvulas de agua para exaltar la crispación social en contra de instituciones constituye un atentado a la dignidad humana y es un delito sobre el cual debe caer todo el peso de la ley de Aguas de la Ciudad de México.

Ello, anotó, “toda vez que en el Artículo 110, Fracción V, se establece que se sancionará conforme a lo previsto por esta ley, su Reglamento y las disposiciones legales aplicables, al alterar la infraestructura hidráulica sin permiso de la autoridad competente”.

Al referirse a los hechos en que grupos no identificados han cerrado válvulas hidráulicas en más de 50 puntos de la capital, indicó que se tienen ubicados los siguientes puntos: 16 en Venustiano Carranza, 13 en Iztapalapa, tres en Iztacalco, 11 en Azcapotzalco, cinco en Coyoacán y dos en Benito Juárez.

Añadió que estos “inhumanos” hechos delictivos no deben quedar impunes, debe aplicárseles todo el peso de la ley, por ello exhortó a que la Secretaría de Seguridad Pública local realice las investigaciones necesarias para hacer valer todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables de manipular la infraestructura hidráulica afectando a la ciudadanía.

“Es un grave delito de sabotaje, el cual está contemplado en el Artículo 363, Fracción III, e implica trastornar la vida económica, política, social o cultural o alterar la capacidad del gobierno para asegurar el orden público, como es este penoso caso», expresó.

Ante ello exhortó al procurador de Justicia capitalino, Edmundo Garrido Osorio, a hacer justicia en favor de la ciudadanía y se castigue a quien resulte responsable, con una pena que va de cinco a 15 años de cárcel, como lo marca el Código Penal.

Con información de Notimex

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