Según el trabajo titulado “La fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla: una amenaza real para las comunidades”, distintas organizaciones de la sociedad civil y de pueblos nativos de la región denunciaron que el Gobierno planea intensificar esta actividad en los próximos cinco años a través de asignaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex) y contratos a empresas privadas derivados de la Reforma Energética.