«La Secretaría del Medio Ambiente tiene que investigar. Cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al Gobierno, ya no pueden tener vínculos con empresas (…) Eso no está admitido», dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina.

Pero, horas después, Romo aseguró que no hay ningún conflicto de interés, al ser cuestionado sobre si renunciaría al cargo por la investigación.

«No voy a renunciar, al contrario, estoy sumamente orgulloso de lo que hice [en medio ambiente], y ya no soy accionista» de dicha compañía, respondió Romo, visiblemente molesto, durante su participación en una conferencia de la secretaría de Hacienda.

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Enerall es la empresa que el actual jefe de la oficina presidencial de México fundó y dirigió hasta que asumió como funcionario en 2018. De acuerdo con una investigación periodística publicada el lunes, Enerall explotó agua subterránea en la Península de Yucatán e incurrió en múltiples ilegalidades.

Según López Obrador, a esa investigación también se sumará la Secretaría de la Función Pública, apuntando que en su gobierno «no hay impunidad».

«Sea quien sea, se acaba eso de que no se puede tocar al intocable», aseguró.

El supuesto daño provocado por Enerall, empresa fundada por Alfonso Romo

El reportaje «Un cacique del agua en el paraíso maya» se publicó en la plataforma CONNECTAS con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) y diversos medios. El artículo señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigó un megaproyecto de fertilización de Enerall en abril de 2018.

En dicha investigación los inspectores de Profepa encontraron destruido un cenote -un pozo de agua dulce propio del estado de Yucatán- de 5.500 metros cuadrados; sin embargo, no denunciaron el caso como delito ambiental.

En cambio, la Procuraduría cerró el expediente apenas con una multa y la clausura temporal del terreno.

Además del daño al cenote que pudo ocasionar Enerall, la investigación señala a la empresa como la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán al acumular 15.000 hectáreas en una década, lo que pudo ocasionar daños a la selva maya, según el reportaje.