Aplicar más pruebas de detección de COVID-19 y criterios claros para definir qué regiones y actividades retomarán la normalidad son la clave para reabrir la economía mexicana, afirman expertos, un proceso que el gobierno lanzará esta semana entre muchas dudas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó un programa de apertura escalonada de actividades donde destacan aquellas vinculadas a la exportación, como la industria automotriz, pero que incluiría también la construcción y el turismo.

Sin embargo, su renuencia a acoger criterios validados mundialmente, como la importancia de las pruebas de detección, y a escuchar voces discordantes, podrían dañar este proceso.

La reapertura «se puede hacer, lo que no se puede es abrir a ciegas porque va a haber un desastre», advierte Alejandro Macías, infectólogo y responsable de la estrategia sanitaria durante la pandemia de influenza AH1N1, surgida en México en 2009.

Hasta el lunes, el país reportaba 36.327 casos confirmados y 3.573 fallecidos por COVID-19 mientras atraviesa el pico de contagios de la epidemia, según proyecciones oficiales.

Autoridades de Salud han dicho que unos 300 municipios mexicanos, con pocos o ningún caso, podrían reactivarse desde el 17 de mayo.

Para Macías, realizar pruebas en las localidades que reanuden actividades, o al menos entre los trabajadores de las fábricas o sectores implicados, haría toda la diferencia.

«Para volver a trabajar, para reactivar la industria, vamos a tener que hacer más pruebas. No puede ser de otra manera», subraya.

«No es barato»

Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, principal vocero gubernamental en la emergencia, ha insistido en que el país no necesita más pruebas para tomar políticas acertadas.

México es el país que menos exámenes para detectar el nuevo coronavirus ha realizado de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 0,4 pruebas por cada 1.000 habitantes, contra la media de sus miembros de 22,9.

Hacer más pruebas permite suprimir nuevos brotes, identificar personas que hayan desarrollado inmunidad y obtener información valiosa sobre la evolución de la epidemia, según estudios de la OCDE.

Argumentar lo costoso de los exámenes es engañoso, dice Macías, pues resulta «mucho más barato» que la parálisis actual. «Cerrar toda la economía no es barato, sobre todo la economía formal que es la única que paga impuestos».

La economía mexicana, la segunda mayor de Latinoamérica, caería 7,1% este año, según un reciente sondeo de Banco de México (central).

Los otros «instrumentos de navegación» necesarios para la reapertura son vigilar la capacidad hospitalaria, especialmente las camas de terapia intensiva, y mantener estrictas medidas sanitarias en ambientes laborales, según Macías.

«Autoritaria»

Pero existen más vacíos preocupantes. El principal es la falta de criterios confiables para decidir qué actividades se reactivarán y el porqué.

Tras decretar a finales de marzo la emergencia sanitaria y suspender toda actividad «no esencial», el gobierno de izquierda mantuvo tres obras prometidas por López Obrador: una refinería, un tren turístico -ambos en el sureste del país-, y un aeropuerto en la capital mexicana.

«Las obras que le interesan mucho al presidente se consideraron esenciales cuando no hay ninguna razón lógica para ello», apunta Macario Schettino, analista económico.

Para Manuel Molano, director del privado Instituto Mexicano para la Competitividad, la definición de actividades esenciales del gobierno es «autoritaria» y sin «fundamento científico».

A esto se suma el abierto rechazo del presidente a las iniciativas del empresariado para afrontar la pandemia, que tilda de «recetas del neoliberalismo» que, asegura además, «está en su fase terminal».

Aunque el diálogo sigue, la relación con los empresarios es ríspida y según Molano apunta a una ruptura. «Da la impresión de que el gobierno quiere ser el que decida qué subsiste en la economía mexicana y qué no», afirma.

La reapertura de la economía en Norteamérica

Pero un factor parece contrapesar los deseos de López Obrador: Estados Unidos.

Desde el mes pasado, senadores de ese país pidieron a su gobierno plantear a México la urgencia de reabrir actividades ligadas a la cadena de suministro norteamericana.

El gobierno mexicano informó el 24 de abril que alistaba un plan con Estados Unidos y Canadá para reactivar la industria automotriz regional.

Aunque ek lunes la ministra de Economía, Graciela Márquez, rechazó que existan presiones de Washington, según el diario local El Universal, expertos coinciden en que preservar la cadena industrial es imprescindible para México.

Representantes del poderoso sector automotor, equivalente al 3,8% del PIB mexicano, esperan que el gobierno dé luz verde esta semana a su reactivación, reportaron medios locales.

«López Obrador ha mostrado quizás que el único contrapeso que tiene es el poder del vecino poderoso, de los Estados Unidos», anota Molano.