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- Los mecanismos de protección para periodistas en México han sido rebasados.
- El asesinato de 3 integrantes del gremio en lo que va del año es solo un ápice de lo que ocurre.
- Reporteros y expertos comentan sobre la endeble seguridad para el grupo.
El asesinato de 3 periodistas en lo que va del año vuelve a plantear la complejidad de brindar seguridad al gremio en México.
Es uno de los países más peligrosos para el periodismo y los mecanismos de protección se ven desbordados o son ineficientes.
José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado fueron asesinados en menos de 3 semanas.
Sus muertes desataron reclamos entre periodistas, que realizaron protestas en diversas zonas del país.
Afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) y vistiendo de negro, cientos de personas exigieron a las autoridades justicia y colocaron fotos de decenas de periodistas ultimados en este país y velas.
«¡Justicia para Lourdes y Margarito!», era una de las pancartas que portaban manifestantes de Tijuana.
«Todos estamos muy consternados y exigimos que esto se resuelva ya. Si agreden a uno nos agreden a todos», comentó a la AFP en esa ciudad Carmen Olsen.
La vulnerabilidad de periodistas en México
Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, que fallecieron en Tijuana, habían recibido amenazas y solicitado protección al mecanismo de seguridad en Baja California.
«Este mecanismo nuevamente falla cuando los periodistas se sienten más vulnerables», dijo Sonia de Anda, reportera de Tijuana y consejera del Sistema estatal de protección a defensores de derechos humanos y comunicadores.
Desde Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los asesinatos a través de su vocero, Stéphane Dujarric.
«Llamamos a las autoridades de México (…) a tomar nuevas medidas de seguridad para evitar los ataques» contra periodistas, aseguró.
De Anda explicó que Martínez fue amenazado por un bloguero presuntamente ligado a criminales, pero jamás se concretó una medida de seguridad.
Maldonado, en tanto, tenía desde hace un año custodia policial para cuando llegaba y salía de su casa. Pero el domingo le dispararon justo cuando estaba en su automóvil, frente a su domicilio.
«Evidentemente no había policías esa noche», lamentó De Anda, que también integra el colectivo «Yo sí soy periodista».
A nivel federal existe desde 2012 un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas; hay 496 personas del gremio.
Jorge Carrasco, director del semanario Proceso, se unió a ese mecanismo en 2013 tras ser amenazado de muerte por su trabajo. Le asignaron un guardia y colocaron cámaras en su casa.
«En mi caso funcionó. Pero el mecanismo quedó rebasado, fueron tantos casos», lamenta al subrayar además falta de compromiso de otras autoridades y la nula coordinación con gobiernos estatales.
Burocracia
Así ocurrió en Baja California, al norte de México, donde la entrada de un nuevo gobierno dejó en suspenso la seguridad para un puñado de periodistas.
«Por el cambio de gobernador, el mecanismo dejó de operar. Apenas iban a reinstalarlo. En el ‘inter’ nos mataron a 2 compañeros», lamentó De Anda.
Balbina Flores, de la oficina de Reporteros sin Fronteras (RSF) en México, asegura que por este «procedimiento absurdo» Margarito Martínez tuvo que recurrir al sistema federal, pero su petición se perdió en papeleos.
«El mecanismo debería brindar protección inmediata, dejar trámites para después», reclamó Flores.
De Anda cuestionó el rigor del sistema federal. Según denunció, años atrás cobijaron a un individuo que se decía periodista pero que estaba ligado a criminales. «Le quitaron la protección hasta que lo sentenciaron», destaca.
Flores señala que la protección federal tampoco es garantía. «Al menos 4 comunicadores con guardias asignados han sido asesinados en 3 años», señaló.
AFP intentó consultar a responsables del mecanismo federal para conocer su posición, pero no hubo respuesta.
Litigio en Baja California
Maldonado decía sentirse «vulnerable» en medio de un litigio laboral con el Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad del exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, de Morena.
Su temor la llevó a presentarse en 2019 en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir ayuda.
Días atrás, Maldonado aseguró que había ganado la demanda laboral y que recibiría una indemnización.
El exgobernador Bonilla negó toda responsabilidad en el homicidio y se dijo dispuesto a ser investigado. «Estamos totalmente ajenos a cualquier situación que pasó con ella», afirmó.
A los crímenes de Tijuana se suma el del periodista retirado José Luis Gamboa, de Veracruz, quien recibió varias puñaladas que le costaron la vida. Las autoridades investigan si la agresión estaría ligada a sus comentarios en redes sociales.
En 2021, AFP reportó al menos 7 periodistas asesinados, aunque no quedó demostrado que en todos los casos el crimen estuviera ligado al trabajo.
México es uno de los países más peligrosos para los periodistas, con más de un centenar asesinados desde 2000, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Más del 90% de estos crímenes permanecen impunes.
