El acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos que evitó la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas tiene, según expertos, un beneficiario: los traficantes de personas.

El pacto alcanzado la noche del viernes implica que México desplegará efectivos militares de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, además de desmantelar grupos de tráfico y trata de personas.

Sin embargo, expertos pronostican que a medida que la presencia de la Guardia Nacional aumente la presión en la frontera sur, el negocio de los traficantes de personas se fortalecerá.

«Va haber más mecanismos de control, va a haber más rigidez en el paso y eso va a provocar que aumente el costo de traslado y esto fortalezca el negocio del crimen organizado que trafica personas», dijo a la AFP Javier Urbano, investigador en asuntos internacionales de la Universidad Iberoamericana.

«A mayor dificultad, mayor costo y mayor demanda del tráfico de personas», agrega.

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Las autoridades mexicanas alcanzaron el acuerdo ante la amenaza de Estados Unidos de aplicar aranceles de 5% a todas las exportaciones de México a partir del próximo lunes.

«No veo ningún acuerdo, lo que veo es el pago de una extorsión, no hay aranceles y México acepta una serie de cosas que tienen muchas complicaciones para el país», apuntó Leticia Calderón, experta en migración del Instituto Mora, un centro de investigación en Ciudad de México.

Activistas y políticos de oposición mexicanos señalan además que el pacto implica la militarización de la frontera sur.

Presión mexicana y traficantes

Pese al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, la presión de las autoridades mexicanas sobre los migrantes no es nueva.

Desde meses atrás se observaban continuas redadas y detenciones en el sur de México. Contrario al discurso de puertas abiertas a la migración del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que asumió el poder.

Las detenciones de extranjeros en territorio mexicano pasaron de 8.248 personas en enero de este año a 23.679 en mayo pasado.

La gran mayoría de esas detenciones son de centroamericanos, según las cifras más recientes del gobierno mexicano.

Las deportaciones también muestran una espiral ascendente.

Pasaron de cinco mil 884 en enero pasado a 16 mil 507 en mayo. La gran mayoría de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.

Para el activista Luis Villagrán, quien suele acompañar a los migrantes, esa dura política del gobierno mexicano ya había impulsado el negocio de los traficantes.

«Esta política migratoria de la cerrazón, del burocratismo, lo que está provocando [es] un elevado número de centroamericanos que están yéndose con traficantes de humanos», dijo.

Si bien muchos migrantes buscan cruzar a México por la frontera con Guatemala, Villagrán afirma que por el límite con el sureño estado de Quintana Roo, que limita con Belice, se está formando un corredor para el paso de migrantes.

«Hacen el trámite y les cobran 900 dólares por pasarlos y allá no hay ese despliegue de tropas. Allá no lo hay», dijo.

Para Javier Urbano, las detenciones de migrantes y el acuerdo alcanzado el viernes muestran la sincronía entre la política migratoria de Estados Unidos y la de México.

«Tenemos una dependencia casi enfermiza de la economía de Estados Unidos y vivimos en sincronía con la agenda de seguridad de ese país», afirmó.

La migración no va a parar

Pese a las medidas de presión de los gobiernos de Estados Unidos y de México, Villagrán es categórico: «La migración no va a parar».

Además, desde octubre del 2018, se incrementó el número de centroamericanos que buscan llegar a EUA a través de México.

Huyen de la violencia y la pobreza en sus países, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

A ellos se han sumado migrantes cubanos y de otros países tan lejanos como Eritrea o la República Democrática del Congo.

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