Suman 23 muertos en casi un mes de manifestaciones en Bolivia, según un último balance de la CIDH. También se ha denunciado un»grave» decreto del gobierno interino. Este, autoriza a los militares a controlar el orden público a la vez que les exime de responsabilidades penales.

Un enviado de la ONU tomó contacto con autoridades del gobierno interino de Jeanine Áñez y organizaciones sociales para restaurar la paz en el país. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó de cinco a nueve el número de fallecidos.

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Las cifras de los últimos fallecimientos aportadas por la CIDH coinciden con las de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, pero difieren de las del gobierno que mantiene en cinco el número de campesinos leales al exmandatario Evo Morales muertos ese día.

En Twitter, la CIDH calificó como «grave» el Decreto 4078 del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente este sábado. Este decreto, literalmente blinda a los militares.

«El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta»

El expresidente Morales, asilado en México desde el martes, fue más allá en Twitter: «Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo».

Pero el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, respondió a periodistas que el decreto «de ninguna manera se transforma en una licencia para matar».

«Es un elemento disuasivo porque lo que pretende el gobierno es evitar la confrontación, que existan más muertes»

Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó las más recientes muertes, siendo estas el resultado del «uso innecesario o desproporcionado» de la fuerza policial o militar. Además advirtió que ello puede llevar a la situación en Bolivia a «salirse de control».

Llamados a la paz

Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores y militante del partido de Morales, reclamó:

«Estamos pasando momentos difíciles. Pedimos a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones. Convocamos al ahora oficialismo a poder sentarnos para dialogar sobre las bases en las cuales se va a enmarcar esta convocatoria y nuevas elecciones»

Justiniano exhortó también a la calma más temprano. Que los bolivianos «depongamos esa actitud (de confrontación) y que, por el contrario, busquemos cosas que nos unen», dijo.

En algunos barrios de El Alto, bolsón electoral de Morales, los vecinos salieron a las calles para pedir que cese la violencia tras casi un mes de protestas, enfrentamientos y saqueos.

Una concentración «por la paz» en La Paz fracasó, sin embargo, por «falta de seguridad», según los organizadores. A unas cuadras del lugar de encuentro para esa fallida convocatoria, unos mil campesinos marchaban contra el gobierno provisional y a favor de Morales, quien renunció el domingo pasado tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y entre violentas protestas por su cuestionada reelección en los comicios del 20 de octubre.

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Jean Arnault, enviado personal del secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para sumarse a una mesa de negociación entre oficialistas y congresistas pro-Morales, tuvo este sábado un primer contacto con Áñez.

Hablaron de «la pacificación», y «la necesidad urgente de un diálogo y conseguir el objetivo anhelado de la celebración de elecciones transparentes», un compromiso asumido por la presidenta interina, dijo a periodistas.