Un juez otorgó a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín) una suspensión provisional y detiene la puesta en marcha de una nueva norma de etiquetado frontal. La norma expone alimentos y bebidas con ingredientes dañinos para la salud, informó el organismo este domingo en un comunicado.

En reacción al fallo, el gobierno mexicano defendió la legislación y enfatizó que busca combatir «la epidemia del sobrepeso».

La Concamín se ha opuesto a la norma aprobada por el Senado el año pasado. Declaró en un comunicado que la medida judicial «muestra que hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación de la norma».

La legislación, aprobada también por las secretarías de Economía y Salud, «no permitiría a los consumidores tener la información adecuada para tomar las mejores decisiones para su alimentación», sostiene el comunicado.

Para la Concamín, la decisión del juez abre la oportunidad «para continuar diálogo abierto, propositivo e incluyente con las autoridades, los expertos y la sociedad en general».

La norma aprobada, a la cual le faltaba sólo la publicación en el Diario Oficial para que entrara en vigor, obliga a los empresarios del sector de alimentos y bebidas a exponer en una etiqueta frontal si el producto en cuestión tiene alto contenido de sodio, azúcares y grasas.

La Concamín, integrada por 60 cámaras nacionales, argumenta que no se ha tomado en cuenta «la evidencia científica, los estudios y los compromisos internacionales».

En contraposición, las secretarías de Economía y de Salud emitieron un comunicado en el que sostuvieron haber cumplido con todos los requisitos para la elaboración de la norma.

La legislación «busca dar un paso más para afrontar con firmeza la epidemia de sobrepeso y obesidad que tanto lesiona la salud de los mexicanos y la competitividad de nuestro país».

Y pidieron al poder judicial garantizar «las exigencias de una sociedad ávida de libertad, igualdad, justicia y bienestar».

México tiene altos índices de obesidad. En 2018, 8,6 millones de sus 120 millones de habitantes reportaron haber recibido un diagnóstico de diabetes, mientras otros 15 millones dijeron haber sido diagnosticados con hipertensión, según cifras del instituto de estadísticas INEGI.