Imagen: AFP
- El mal manejo del caso de Debanhi Escobar ha evidenciado la falta de justicia e ineficiencia de las autoridades.
- «Está convirtiéndose en un espectáculo mediático que frivoliza la noticia», dice un especialista de la UNAM.
- Según la Fiscalía, en Nuevo León asesinaron a 56 mujeres este año, 42 fueron feminicidios.
La muerte no esclarecida de Debanhi Escobar expuso los riesgos que enfrentan las mujeres en México; y el cuestionable manejo judicial y mediático del caso.
3 semanas después del hallazgo del cuerpo, siguen abiertas todas las hipótesis: desde un feminicidio hasta un accidente. Mientras tanto, llueven acusaciones de incapacidad contra las autoridades.
Entre fallas en la investigación y una aparente falta de progreso, el domingo hallaron el cadáver de Yolanda Martínez. La joven de 26 años desapareció el 31 de marzo.
La Fiscalía de Nuevo León sospecha que Martínez, cuya familia informó que salió a buscar trabajo, se suicidó.
En cuanto a Debanhi, de 18 años, que fue encontrada en el depósito de agua subterráneo de un motel, 12 días después de su desaparición tras asistir a una fiesta, solo se confirmó que murió de un golpe en la cabeza.
Los investigadores habían inspeccionado el lugar 4 veces antes del hallazgo. Y 2 funcionarios de la Fiscalía fueron destituidos por «errores» y «omisiones».
«Tenemos muchas pruebas de que a Debanhi la mataron y la sembraron», Mario Escobar. El padre de la víctima contrató una necropsia particular y denuncia amenazas en su contra.
«Se repiten la indolencia y poca capacidad para investigar; la criminalización de las víctimas, y el riesgo de impunidad», opina Valeria Moscoso, especialista en trabajo psicosocial.
Identidad social
Según la Fiscalía, en Nuevo León asesinaron a 56 mujeres este año, 42 fueron feminicidios. Además, se reportó la desaparición de unas 300, de las que 90% lograron localizar.
El problema se extiende por todo México. Solo en 2021 hubo 3,751 asesinatos de mujeres (1,004 se clasificaron como feminicidios); y la mayoría quedaron impunes.
El país registra además casi 100,000 desaparecidos, la mayor parte desde que en 2006 se militarizó la lucha antidrogas.
En medio de esa vorágine de violencia, la muerte de Debanhi desató un interés inusitado en el país. Sin embargo, la crisis de los feminicidios se remonta a los años de 1990 y golpea especialmente a mujeres pobres. También captó atención internacional.
El caso de la estudiante de derecho «acerca la experiencia a sectores sociales más favorecidos, con más influencia mediática y política; que por ende, se consideran con menos probabilidad de sufrir esta violencia», explica el sociólogo Christian Ascencio.
También «conecta con una aleatoriedad que hace pensar a muchas mujeres que podría ocurrirles» lo mismo. Esto porque, al igual que Debanhi, salen con amigas o usan taxis de aplicación, añade el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Tras un altercado con el conductor, Debanhi descendió del taxi en la «carretera de la muerte». La llaman así por la presencia del crimen organizado y porque recientemente se reportaron 77 desapariciones.
El chófer, quien tomó la foto de la joven solitaria que viralizó el caso, niega estar detrás de su muerte.
Banalización
A falta de certeza, en redes sociales y algunos medios proliferan teorías sobre la tragedia, alentadas por videos difundidos o filtrados desde la Fiscalía.
Esas grabaciones de videovigilancia muestran a Debanhi tras dejar la fiesta, en medio de una discusión con un hombre, y cómo llegó caminando sola al motel.
Una breve aparición por la ventana de un restaurante es su última imagen con vida. En tanto, la semana pasada encontraron una identificación suya en un condominio a 20 km del motel.
Los videos se repiten sin cesar en noticieros y programas donde un psíquico aseguraba tener contacto con la joven.
«Está convirtiéndose en un espectáculo mediático que frivoliza la noticia», advierte Ascencio. No obstante, reconoce que la presión mediática ayuda a mantener vivo el caso.
La reiteración de imágenes, como una de Debanhi aparentemente comprando licor, la «revictimiza» y es una «reducción ética» de la prensa, observa Andrés Vidal, profesor de ciencias políticas de la UNAM.
«Le han puesto muchos calificativos a mi hija (…). Escucho cosas como ‘ella era la que se drogaba, ella compró el vodka’. Desgraciadamente no está para defenderse», lamenta Dolores Bazaldúa, madre de la estudiante.
Por otro lado, las filtraciones podrían «afectar el peso de las pruebas», sostiene Ascensio. Señala que la presión social, combinada con debilidades investigativas, puede llevar a que se «fabrique algún culpable».
El Congreso estudia una ley que impondría 10 años de cárcel a quienes difundan información filtrada de una víctima.
Pese a ello, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, emplazó a la Fiscalía a revelar el expediente de Yolanda Martínez, acusando al organismo de «esconder pruebas».
Pero el fiscal estatal, Gustavo Guerrero, lo señaló de «usar mediáticamente» a las víctimas y lo llamó a proteger a las mujeres.
Aunque el proceso no ha sido divulgado, desde el miércoles circulan fotografías de las pertenencias de Martínez, incluido un vaso plástico con una supuesta nota de despedida.
